POLÍTICA

Loretta Ortiz impugna acuerdo del INE que prohíbe difusión de la elección judicial

La juzgadora argumentó que al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente.

Loretta Ortiz actualmente es ministra de la SCJN y busca quedarse en el cargo.
Loretta Ortiz actualmente es ministra de la SCJN y busca quedarse en el cargo.Créditos: Cuartoscuro
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Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión de la elección judicial, el cual calificó como “ridículo”, pues al ser un proceso histórico, “se le debe dar una difusión amplia, robusta y plural”.

En su escrito, la juzgadora, quien busca permanecer en el cargo, argumentó que al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE.

Explicó que el hecho de que sea un proceso extraordinario justifica que diversas instituciones públicas contribuyan en su difusión, pues “el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”.

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Asimismo, sostuvo que la restricción es “irrazonable” dado que los propios poderes de la Unión han participado activamente en etapas previas de este proceso, ya que por un lado, se facultó a los Poderes de la Unión para participar en la postulación de candidaturas y, por otro, se les impide difundir información sobre el proceso mismo.

Ortiz Ahlf refirió que en un sistema democrático lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección.

Asimismo, advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección, entre otros.