La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con votación de 338 a favor, del bloque mayoritario y 126 votos en contra, de la oposición, la reforma a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que contribuirá a dar soporte a la reforma judicial.
Rápidamente y al desechar todas las reservas presentadas, el proyecto también se aprobó en lo particular por 323 votos a favor y 123 en contra.
Lo avalado será enviado al Ejecutivo Federal para su publicación oficial, notificó la Mesa Directiva del recinto.
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Ajustes a la Ley de Amparo
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julio César Moreno, indicó que la parte central de las modificaciones establece que los amparos no podrán proceder contra los actos del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano Administrativo del Poder Judicial.
Se trata de los dos órganos con los que se sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.
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Añade que en las sentencias en que se declaren inconstitucionales normas generales, los amparos que se promuevan no tendrán efectos generales, destacó.
Moreno Rivera aseguró que la reglamentación del amparo hará la justicia más ágil, aunado a que se ratifica la reducción en el número de integrantes de la Suprema Corte, de 9 a 11.
También ratifica la desaparición de las Salas de la Corte y del Consejo de la Judicatura, estableciendo normas por las cuales se regirán el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano Administrativo del Poder Judicial.
Esas dos instancias estarán blindadas contra impugnaciones de sus actos, ya que los amparos no serán procedentes ante sus decisiones.
Asimismo, se establece que los amparos no podrán tener efectos generales, por lo que cada ciudadano que busque protegerse ante actos del Ejecutivo y el Legislativo, tendrá que promover su propio recurso.
De igual modo, indica que las declaratorias de inconstitucionalidad podrán ser emitidas, cuando al menos seis de los nueve integrantes de la Corte, voten a favor.
El diputado Moreno Rivera dijo que con esas disposiciones, se combatirá la tardanza y retrasos en la emisión de juicios.
Se aclaran cuáles serán los alcances y consecuencias de amparos, lo que hará la justicia más eficiente, aseguró.
Retroceso e indefensión
Al rechazar la reforma, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sentenciaron que ésta da un golpe severo al amparo, dejará en la indefensión a los ciudadanos que busquen protegerse ante actos de autoridad y empuja al país al autoritarismo.
El retroceso, recriminó el priísta Arturo Yáñez, llevará a la población y al país a una mayor incertidumbre.
“No le llamemos Ley de Amparo, llamémosle Ley Morena. De nada les va a servir a ustedes, diputados del oficialismo, los jueces, los magistrados y los ministros que van a imponer, que públicamente ya se conocen como jueces y magistrados y ministros del bienestar. Si seguimos apoyando estas reformas que vulneran derechos y que son un claro retroceso al estado de derecho, vamos a llevar al país a una incertidumbre”, advirtió.
Enfatizó que los cambios eliminarán los alcances generales de amparos, lo que dejará a personas sin recursos para pagar abogados y emprender procesos legales, sin la posibilidad de beneficiarse de resoluciones judiciales a favor de quienes reclamen derechos.
Las personas en pobreza que no puedan pagar un amparo, son las que sufrirán los efectos, y al anular esa medida, enfilan al país a la dictadura, expresó.
Si en un futuro el Gobierno Federal y autoridades emanadas del partido Morena deciden restringir derechos a través de leyes y reformas constitucionales, la ciudadanía nada podrá hacer, remarcó.
El integrante de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo de Hoyos, fue claro en señalar que las reformas aprobadas, son una represalia del partido en el gobierno contra la Corte y jueces, por declarar inconstitucionales decisiones arbitrarias del Ejecutivo Federal, como el “decretazo” que buscaba blindar las obras de infraestructura del gobierno anterior.
Con la llamada “supremacía constitucional”, añadió, se busca “despojar” a los ciudadanos de las herramientas legales existentes para reclamar sus derechos, advirtió.
La integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, coincidió con los miembros del PRI y MC en cuanto a que los cambios aprobados son una “venganza” contra la Suprema Corte.
Afirmó que se limitan los alcances del amparo y los mecanismos de defensa legales ante decisiones del poder, porque para “los autoritarios”, quien busque protegerse, resulta “incómodo”.
Los cambios son “una de las grandes traiciones a la historia del amparo”, lamentó Zavala Gómez del Campo, que hizo enojar a los legisladores del bloque mayoritario a quienes dijo que impiden a la ciudadanía defenderse, pero gustan de contar con los servicios de “abogados boutique”.