La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual y las graves lesiones perpetradas en 2007 en Veracruz contra Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, quien murió tras ser agredida por militares.
Ernestina Ascencio: la Corte IDH dicta sentencia contra el Estado mexicano
Durante el acto de notificación de la sentencia, el vicepresidente de la Corte, Rodrigo Mudrovitsch, afirmó que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
La sentencia establece que México incumplió el deber de investigar con debida diligencia estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario.
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La víctima fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en las cercanías de la vivienda de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico desarrollada por el Estado desde 2006.
Su traslado al hospital tardó más de 10 horas, sin acceso a traductores ni atención adecuada.
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A pesar de que inicialmente se había determinado violación sexual y lesiones graves, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón declaró que la causa de muerte fue “gastritis crónica”, contradiciendo las investigaciones.
La Corte ordenó al Estado mexicano implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, la tortura y la muerte de la señora Ernestina, para identificar, procesar y sancionar a los responsables.
Además, debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Asimismo, debe brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a sus hijos Francisco, Martha, Carmen y Julio Inés Ascencio; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa; y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia, entre otras medidas.
En la notificación de la sentencia estuvieron presentes integrantes de organizaciones sociales y representantes de las víctimas, así como funcionarios del gobierno de México, principalmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.