Hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria en firme en contra de los marinos responsables de la desaparición forzada de 54 víctimas tras un Operativo de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES) realizado en Nuevo Laredo en 2018, a cargo del entonces almirante Marco Antonio Ortega Siu.
Entre estas 54 víctimas, 19 fueron localizadas por sus familiares sin vida: tres eran menores de edad y dos eras mujeres; quienes fueron hallados con vida por sus familiares fueron dos mujeres adultas y un menor de edad, pero “siguen sin ser localizados por la Fiscalía Especial en Investigación de delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) 32 víctimas, incluidas 3 mujeres y 2 menores de edad.
Los familiares de estas víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo demandaron audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la fachada de Palacio Nacional; los inconformes reclamaron que “la Fiscalía General de la República (FGR) está perdiendo los juicios realizados en contra de un grupo de 70 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) “por deficiencias” en las carpetas de investigación.
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“A siete años de distancia la FGR no ha localizado a ninguno de nuestros familiares, todavía faltan por localizar a 32 personas, entre ellas a mi hijo Julio César Viramontes Arredondo, ya estamos desesperadas, sentimos que las investigaciones del Ministerio Público son una burla para nosotras” reclamó Ericka Arredondo, desde las puertas de Palacio Nacional.
Además, expusieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les asignó como asesores jurídicos a abogados sin experiencia que no cumplen con esta función ante los Ministerios Públicos y solo “se limitan a firmar los escritos de las diligencias”; por otra parte, “la recomendación de la CNDH 36VG/2020 ya tiene cinco años de presentada, ninguna familia ha sido reparada integralmente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, a pesar de que familiares y sobrevivientes entregaron la documentación requerida en la Ley General de Víctimas.
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Los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales acusaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha realizado ninguna reunión presencial o virtual de seguimiento en este año 2025 que está por terminar.
“También queremos denunciar que la Comisión de Búsqueda de Personas está obstaculizando nuestras peticiones de organizar búsquedas de campo y búsquedas en vida en los estados colindantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, manifestó Erika Arredondo.
Las familias ya regresaron a Nuevo Laredo después de ser atendidas por funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación quienes se comprometieron a gestionar una reunión con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda, indicó Raymundo Ramos Vázquez, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
