El gobierno de México rechazó las afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, luego de que este activara por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional para evaluar si las desapariciones en México constituyen una práctica sistemática o generalizada.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno destacó que la desaparición de personas es un delito grave que se combate mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción.
Indicó que las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles.
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La Cancillería señaló que el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada, y que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La dependencia que dirige Juan Ramón de la Fuente afirmó que en México se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas.
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Agregó que todo ello refleja el compromiso del Estado mexicano con la verdad, la justicia y la reparación integral.
Asimismo, indicó que se mantiene un diálogo permanente con el Comité, al que se presentó un informe detallado sobre el tema, el cual “debe ser analizado con objetividad antes de emitir nuevos juicios”.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada considera que en México existen patrones persistentes de desaparición forzada que podrían constituir una práctica sistemática.
Además, sostuvo que la decisión que adoptó respecto a México se basa en información acumulada durante años, incluyendo comunicaciones urgentes, informes de organizaciones civiles y observaciones previas del propio Comité.