María Dolores González Saravia rindió protesta como nueva la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para el periodo 2025-2029 contando con la aprobación unánime del Pleno del Congreso capitalino.
La diputada Janette Guerrero Maya, presentó el dictamen con la propuesta en donde destacó que con su designación se abrirá una nueva etapa en la Comisión que será mas cercana mas firme y mas humana.
Aunque se destacaron las cuatro décadas de experiencia en materia de derechos humanos de Sarabia, bancadas como la del PAN, advirtieron que debe demostrar imparcialidad en su gestión sin sesgos partidistas, así lo advirtió la diputada Olivia garza de los Santos.
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“Nuestro grupo parlamentario, votará a favor del dictamen, confiando en que su trayectoria y compromiso estarán al servicio de la ciudadanía, no de los intereses políticos, reitero, contará con nuestro voto de confianza, porque cuando platicamos se comprometió a hacer de la Comisión, un órgano autónomo que no tenga otra línea más que la de defender a las víctimas. Si falla en esta tarea, le estaría fallando a su propia historia, a millones de ciudadanos y a la Ciudad de México”.
Posteriormente en entrevista, la nueva ombudsperson, quien también es hermana de la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, respondió a esta recomendación justamente garantizando su autonomía del Poder.
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“Para nosotros es fundamental garantizar la autonomía, la independencia, la confiabilidad de la Comisión, ahí radica su fuerza y mi compromiso, por ello está anclado en esta presencia de los movimientos sociales, las comunidades, los sujetos de derecho que han acompañado esa propuesta y proyecto. Ahí hemos depositado nosotros la responsabilidad fundamental y frente a ellos hacer el compromiso de generar las condiciones para que sus causas sean plenamente atendidas”.
En su mensaje dijo que su objetivo es mejorar la recepción y procesamiento de quejas que constituyen el corazón de la Comisión; mejorar las capacidades de investigación y caracterización de la problemáticas de la ciudad que obstaculizan o impiden el ejercicio de derechos, pasar de los casos a las causas; impulsar modelos de diálogo multisectorial y profundizar el trabajo y la expansión territorial de protección y promoción, y las agendas de los grupos de atención prioritaria.