La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe intervenir e iniciar investigaciones por los actos de censura a periodistas y ciudadanos impulsados desde distintos ámbitos del poder e incluso instituciones electorales, demandó el líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.
El legislador solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respaldar un punto de acuerdo en la materia y hacer el llamado correspondiente a la Comisión defensora.
Que en el ejercicio de sus atribuciones, investigue los actos de censura institucional, criminalización del periodismo y la imposición de sanciones exageradas a ciudadanos por expresarse en redes sociales.
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De igual modo, debería emitir una recomendación en la materia y dar seguimiento a la posible vulneración de derechos a la libertad de prensa y al debido proceso. Ello, con el fin de garantizar la protección de quienes buscan ejercer el derecho a opinar, informar y criticar al poder público, sin que gobiernos e instituciones apliquen represalias, restricciones indebidas y hasta persecución institucional, planteó.
Censura desde el poder
Al sustentar su propuesta, el congresista calificó como preocupante los cada vez más frecuentes casos de censura, “uso punitivo” del derecho y de distintas normas con el fin de acallar críticas, castigar las opiniones diferentes al poder y limitar la libertad de expresión.
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Calificó esos actos como incompatibles con la democracia. Como ejemplo de las sanciones gubernamentales e institucionales desmedidas que están restringiendo la libertad de expresión, refirió al caso del periodista Jorge González Valdéz, en Campeche, acusado por el gobierno de esa entidad de “incitar al odio”.
El comunicador fue sancionado con inhabilitación para llevar a cabo su trabajo, y ellos significa que se está criminalizando la crítica. Recordó la aprobación y puesta en marcha de inmediato, de la ley de “ciber asedio” en Puebla.
Asimismo, pidió no olvidar las sanciones que está aplicando la autoridad de electoral a periodistas e incluso ciudadanos a partir de quejas por violencia política de género.
Se está dando un uso distorsionado a ese concepto para limitar libertades fundamentales, tal y como sucede con el periodista Héctor de Mauleón, a quien se ordenó, junto con el diario El Universal retirar publicaciones sobre presunto involucramiento de funcionarios y exfuncionarios en Tamaulipas, con el delito del robo de combustibles.
Advirtió que las embestidas contra la prensa y personas que emiten críticas en redes sociales, son cada vez más frecuentes y están derivando en persecución a quienes están ejerciendo la libertad de expresión, lo que representa un retroceso en democracia.
Moreira Valdez alertó que se trata de intentos de institucionalizar la censura y el silencio a voces discordantes, hechos ante los cuales la CNDH ya debería haber intervenido para proteger a quienes están siendo víctimas de represalias.
No obstante, el silencio de ese organismo es inadmisible, recriminó.