La ministra María Estela Ríos González y el ministro Giovanni Figueroa Mejía protagonizaron una confrontación durante la sesión de este martes en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
El debate inició cuando Figueroa Mejía pidió el uso de la palabra para precisar que el tema central de la discusión no es si la autoridad administrativa es la que decide o solicita, sino que es que esa solicitud debe estar centralizada.
“Me gustaría precisar que lo que está a discusión en esta primera parte del asunto no es si la autoridad administrativa es la que decide o solicita. El punto es que esa solicitud debe estar centralizada. Un argumento al absurdo llevaría a que cualquier autoridad pueda hacerlo, si al final va a ser el juez quien va a decidir”.
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El comentario del ministro molestó a Ríos González, quien lo consideró como un insulto.
“Respecto de lo que manifestó el ministro Giovanni, rechazo el tema de decir que llevaría al absurdo, porque ese es un calificativo de los razonamientos que hemos hecho y no estoy de acuerdo”.
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En respuesta, Giovanni Figueroa precisó que su comentarios no estaban dirigidos a la extitular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
“Nada más me gustaría precisarle a la ministra Estela que el argumento al absurdo al que hice referencia en mi anterior intervención es una técnica argumentativa y no es una alusión personal”.
—Lo tomo como alusión personal, porque, entonces, usted está diciendo que estoy argumentando al absurdo y no es así, volvió a responder la ministra.
—Solamente con esa precisión, presidente, replicó Giovanni Figueroa.
—Y solamente con esa precisión la hago yo, puntualizó Ríos González
—Gracias, se aceptan todas las precisiones para que quede clara la argumentación, afirmó el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar.
Tras el debate, el máximo tribunal invalidó la reforma que permitía a los agentes del Ministerio Público del fuero común de Quintana Roo solicitar la intervención de comunicaciones y la geolocalización en tiempo real de telefonía móvil, pero de manera directa a los jueces.