La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un nuevo criterio jurídico impulsado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuyo objetivo es fortalecer la protección de los trabajadores y evitar prácticas dilatorias que entorpezcan los procesos judiciales en materia laboral.
Durante la sesión del Pleno, el máximo tribunal resolvió la contradicción de criterios 111/2025, estableciendo una disposición que busca agilizar los juicios de amparo en conflictos entre empleados y empleadores. A partir de este nuevo lineamiento, los Tribunales Colegiados deberán resolver en una misma sesión los amparos promovidos tanto por el trabajador como por el patrón, incluso si este último argumenta que fue indebidamente emplazado.
Garantía de justicia pronta y equitativa
La ministra Esquivel Mossa explicó que esta propuesta tiene como objetivo principal garantizar una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en cumplimiento del mandato constitucional. Señaló que, en muchos casos, los patrones alegaban desconocimiento del juicio laboral para lograr que su demanda de amparo directo fuera remitida a un juzgado de distrito, lo que suspendía el proceso del trabajador. Esta práctica generaba retrasos y afectaba directamente los derechos laborales de quienes ya habían obtenido una resolución favorable.
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“La propuesta tiene como finalidad esencial respetar la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, evitando que bajo el pretexto de un supuesto desconocimiento del juicio laboral la demanda de amparo directo patronal se remita a un juzgado de distrito, con la consecuente suspensión del amparo directo del trabajador, pues esto indudablemente causa un perjuicio a este último”, subrayó la ministra.
Protección efectiva a los derechos laborales
Con este nuevo criterio, la SCJN busca garantizar que los trabajadores que ya cuentan con una sentencia favorable puedan acceder sin demora a las prestaciones reconocidas en el laudo, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial laboral.
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La resolución también mantiene el principio de equidad procesal entre las partes, evitando que una de ellas utilice recursos legales para obstaculizar la ejecución de una sentencia. Este cambio representa un paso importante hacia la consolidación de una justicia laboral más eficiente y justa, en la que los derechos de los trabajadores sean plenamente respetados y protegidos.