La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia mediante la cual se le negó el amparo a Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp, con el que buscaba evitar el pago de un crédito fiscal por más de 2 mil 800 millones de pesos, derivado del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, así como de su actualización, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.
Durante la sesión de este jueves, el pleno de la Corte aprobó, por unanimidad, el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso revocar el acuerdo de la entonces presidenta del alto tribunal, Norma Piña Hernández, quien admitió el amparo directo en revisión 276/2025 promovido por la minera.
Batres Guadarrama le dio la razón a la Secretaría de Hacienda, al señalar si bien subsiste una cuestión de constitucionalidad, el asunto no es excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
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De ahí que se puede concluir que, en el amparo directo en revisión, no se cumple con el segundo requisito de procedencia, consistente en que el asunto entraña una cuestión de interés excepcional que dé origen a un pronunciamiento novedoso para el sistema jurídico nacional, por lo que resulta incorrecta la determinación de la antes Presidenta de esta Suprema Corte”.
Asimismo, la juzgadora dio a conocer que la minera solicitó a la Corte aplazar la resolución del asunto, debido a que estaba en diálogo con las autoridades fiscales para llegar a un acuerdo sobre su deuda.
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“Se han recibido promociones por parte de la persona interesada, que es una empresa que nos ha estado solicitando aplazar el presente recurso de reclamación, dado que se encontraría en pláticas, dice, para resolver el asunto con el gobierno federal. En realidad, no observamos que exista ningún tipo de mecanismo alternativo de solución en la propia normativa y, por lo tanto, estamos incorporando, ya en el proyecto, pues, que no da lugar a decretar ningún aplazamiento”.
El pasado 23 de octubre, la SCJN impuso una multa de casi 8 mil pesos a Primero Empresa Minera por promover un recurso de impedimento infundado contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con lo que buscó retrasar su juicio.