En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el último día d trabajo en materia de audiencias públicas simultáneas, referentes a las iniciativas de la Presidenta de la República en materia de aguas.
En el foro alternativo organizado por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de Guanajuato, el coordinador Rubén Moreira sentenció que en el recinto, se tiene planeado aprobar el dictamen a inicios del próximo mes de diciembre.
Alertó que al aprobar la opinión sobre la nueva Ley General de Aguas y los cambios a la Ley de Aguas Nacionales, la mayoría en la Comisión de Ganadería adelantó que no se hará ningún cambio a las propuestas presidenciales, por lo que se anticipa un nuevo “albazo”.
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“La Comisión de dictamen va a sacar su dictamen, va a decir: esto es lo que yo propongo votar a los 500 diputados la primera semana de diciembre. Ayer o antier en la Comisión de Ganadería que es de opinión, el grupo de diputados mayoritario ya dijo, va la ley como viene. El resto de los diputados que son MC, PAN y PRI votaron en contra. Ganadería, perdón Agricultura va a sesionar en estos días”, sentenció Moreira Valdez durante el encuentro que organizó el diputado Luis Sánchez.
Reforma de escritorio
En tanto, en los foros centro, sur y norte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, participantes en representación de organizaciones de productores del campo y abogados ambientalistas, coincidieron en su gran mayoría en que las propuestas de la jefa del Ejecutivo Federal en materia de aguas, tienen vacíos, están incompletas, son insuficientes y también amenazan a la propiedad.
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De manera directa y breve, sin rodeos, a nombre de los agricultores de la comarca lagunera que abarca zonas de Coahuila y Durango, Carlos Román Zepeda, advirtió que las modificaciones a discusión incluyen disposiciones que afectarán la soberanía alimentaria y la propiedad de productores que por décadas trabajaron para asegurar el sustento de sus familias.
El ponente recriminó que las modificaciones estén hechas por personas que trabajan desde el escritorio, desconocen por completo el campo mexicano.
“Es que estoy seguro que esas modificaciones que se quieren hacer, son seguramente por gentes que no han producido un litro de leche, que no han sembrado un frijol, maíz, etcétera. Somos un área sumamente productiva la laguna Durango-Coahuila. Se estaría afectando el patrimonio, la soberanía alimentaria, porque no producimos solamente para Coahuila y para Durango ¡y no es lo mismo modificar una ley sentado en un escritorio, que estar trabajando en el campo, estar haciendo las cosas con firmeza, determinación y grandes riesgos!”, sentenció.
Participantes en los foros centro y norte, que abordaron el tema de la participación ciudadana y social en los asuntos del agua, señalaron que las modificaciones propuestas son ambiguas, generarían lagunas jurídicas y algunas se duplican.
No garantizan debidamente la intervención de ciudadanos en la toma de decisiones, tampoco se cumple con recomendaciones hechas a México como país adscrito al acuerdo de Escazú, es decir, el tratado para América Latina y el caribe sobre medio ambiente, en materia de transparencia en la información sobre el manejo, concesiones y permisos para el uso del agua.
Jorge Manuel Rodríguez, abogado ambientalista señaló que “en cuanto al fortalecimiento de capacidades, aunque plantea la promoción de participación social a través de la información, cultura del agua y capacitación, mantiene un enfoque limitado a cultura hídrica y formación técnica”, cuando el acuerdo de Escazú establece medidas más robustas en capacitación en derechos de acceso, programas de formación para población e instituciones y medidas específicas para grupos vulnerables, como pueblos indígenas y afromexicanos.
En respuesta a las críticas generalizadas al proyecto, el diputado del Partido Verde (PVEM), Óscar Bautista, que tuvo a su cargo la conducción del foro centro; y la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Felicita Pompa Robles, reiteraron el mensaje de que todas las voces serían escuchadas y para ello se organizaron las audiencias públicas.
También ofrecieron tomar en cuenta las opiniones de los distintos participantes registrados.