La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados anunció formalmente su decisión de posponer hasta nuevo aviso, la reunión programada este lunes, para tratar la reforma al artículo 35 de la Carta Magna, en materia de revocación de mandato.
Ello, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informara que ante los reclamos de la oposición que ha calificado el proyecto como un “albazo”, la aprobación del proyecto entra en pausa por unos días, sin precisar cuántos.
“Ellos consideran que es un albazo, así lo han dicho públicamente, me lo han comentado a mí, yo no tengo inconveniente como presidente de la Junta de Coordinación Política, voy a solicitarle hoy, más tarde, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al diputado Leonel Godoy que pueda esperar unos días mientras que se amplía el debate”, expresó textualmente.
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Monreal Ávila señaló que el periodo de revisión de la iniciativa se ampliará unos cuantos días, pero su bancada considera que no se trata de ninguna propuesta incorrecta.
Tampoco impulsa el proyecto por temor a perder puestos en la elección del 2027, añadió.
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“Nosotros no tenemos temor de ninguna pérdida porque creemos en el pueblo de México, nosotros no tenemos temor de la democracia, finalmente es la que decide y la que manda nosotros tenemos que preocuparnos por cumplirle a la población mayoritariamente, cumplir con nuestros compromisos y actuar con la mayor congruencia de ser posible (…) eso es lo que nos preocupa”, atajó.
Cuestionado respecto al motivo que lleva a Morena a anticipar la consulta de revocación de mandato cuando las encuestas registran un alto nivel de aceptación de la Presidenta entre la población, el legislador optó por evadir la pregunta, al decir que no entrará al fondo del asunto hasta que el debate se abra.
Acertada, pausa en el debate sobre revocación
Al respecto, el líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, reconoció como un acierto no apresurar el debate.
“Es importante no hacer las cosas con prisa y sobre todo que no parezca un madruguete al país, por eso insiste en que me parece acertada la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política, saludo esa decisión, reconozco que a través del diálogo se ha podido escuchar a los grupos parlamentarios y que no sean las prisas las que rijan un proceso de una determinación tan relevante”, anotó.
Lixa Abimerhi señaló que la convocatoria a la reunión en Puntos Constitucionales, que se pospuso para otra ocasión fue adecuada, porque estaba fuera de los plazos constitucionales.
Señaló que una reforma electoral como la que plantea el partido Morena debe tener un análisis a fondo, abierto y permitir que se expresen todas las voces, sin “prisas” ni “presiones”.
Por separado, la diputada panista Annia Gómez recalcó que desde su punto de vista, la reforma en cuestión tiene el fin de subir a la Presidenta de la República a las boletas de las elecciones del 2027 y jalar votos para los morenistas.
“La buena noticia de hoy; se acaba de posponer la sesión de la comisión de puntos constitucionales de Cámara de Diputados. Quiere decir que estamos presionando fuerte para que no aprueben al vapor su dichosa iniciativa sobre “revocación de mandato” que lo único que busca es poner a la “presidenta de las carpetas” en la boleta en 2027”, anotó la legisladora en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @AnniaGomezNL.
Reunión hasta nuevo aviso
A su vez, pasadas las 14:00 horas de este lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales formalizó a través de un escueto comunicado de prensa que posteriormente se amplió, y del aviso oficial dirigido a sus integrantes, la notificación sobre el diferimiento de la reunión de este lunes 10 de noviembre.
Los textos firmados por personal técnico de la Comisión y a nombre del diputado presidente, Leonel Godoy, indican que el encuentro se reanudará “hasta nuevo aviso”.
Ello, a petición del titular de la Junta de Coordinación Política y con el objetivo de “buscar los acuerdos posibles con las y los diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios”.
Revocación de mandato y elecciones intermedias
Los cambios al artículo 35 constitucional en materia de revocación de mandato, contemplan adelantar la fecha de las consultas populares, del primer domingo de agosto al primer domingo de junio.
En el caso de la revocación de mandato, también modifica las condiciones.
La ley vigente establece que se podrán solicitar en una sola ocasión “y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.
La propuesta señala que la revocación se podrá solicitar una sola vez en el sexenio “durante el periodo de los seis meses previos a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.
Agrega que ese ejercicio se llevará a cabo “el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión”.
Ahorro en elecciones
La iniciativa del diputado Ramírez Cuéllar, presentada el pasado 18 de septiembre, señala que al realizar en las mismas fechas el ejercicio de revocación de mandato que hasta el momento está previsto en 2028, que las elecciones intermedias del 2027, promoverá una mayor participación ciudadana.
Argumentó que en la consulta popular realizada en agosto del 2021, se instalaron 57 mil 77 mesas de recepción de opiniones en todo el país y sólo participaron el 7.1 por de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.
En la revocación de mandato convocada en 2022, el número de casillas subió en poco más de 400 y la participación subió a 17.7 por ciento de los electores.
Expresó que en las elecciones federales del 2024, se instalaron 170 mil 858 casillas y a los comicios acudió el 61 por ciento de los electores.
De modo que si la consulta popular y la revocación se llevan a cabo cuando la autoridad instala el total previsto de las casillas de votación, un mayor número de ciudadanos podrían participar.
Agregó que se aprovecharán los recursos humanos y materiales desplegados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, juntar los procesos señalados, “permitirá una reducción significativa en sus costos de organizaci??n”, dijo.
La consulta popular del 1 de agosto de 2021 costó 528 millones de pesos; y la revocación del 10 de abril de 2022 implicó un gasto de mil 567 millones de pesos.
“Es razonable prever que, por economías de escala y de procesos, la celebración concurrente de las consultas populares o de la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal con la jornada electoral ordinaria contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a dichos mecanismos democráticos”, dice el texto.