La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió dos iniciativas a la Cámara de Diputados, una para expedir la Ley General de Aguas y una más, para reformar la Ley de Aguas Nacionales.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, informó del hecho en sus cuentas en redes sociales y señaló que se giró instrucción para la publicación de los proyectos en la Gaceta Parlamentaria, con el fin de que sean del conocimiento público.
“He recibido, de la Presidenta de la República, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales". Asimismo, he solicitado su publicación en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de todas y todos”, expresó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @kenialopezr.
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Reformas sobre aguas se revisan a finales de octubre
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que los planteamientos serán analizados a finales del presente mes de octubre, junto con otros pendientes.
“Se trata pues de dos instrumentos jurídicos distintos muy importantes para el país y que le vamos a dedicar la cuarta semana de octubre a su análisis integral. Tenemos varias, tenemos salud, Armada, tenemos… bueno, no recuerdo pero… arancelaria también, la ley arancelaria está pendiente”, indicó el también coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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Al igual que la diputada López Rabadán, el líder morenista agregó en su cuenta en la red X, que el agua es un derecho de todos los ciudadanos y adecuar la ley en la materia, permitirá garantizar que ello se cumpla.
Ley General de Aguas
El proyecto expone los “aspectos sustantivos de la iniciativa” a través de la que se propone emitir una nueva Ley General de Aguas, así como fortalecer la rectoría del Estado sobre el dominio y administración de las aguas nacionales.
La nueva Ley de Aguas prevé precisar las facultades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que garanticen el acceso, la disposición y saneamiento del agua para uso doméstico y personal.
Establecer medidas para un “acceso equitativo y sustentable” del recurso.
Prevé “reglas claras” para la distribución de competencias entre autoridades a nivel federal, estatal y municipal.
También contempla acciones para promover la “cultura del agua”, un uso racional y eficaz y más participación social en su conservación.
En cuanto a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, el objetivo es cambiar el enfoque de tratamiento y administración del recurso hídrico como una mercancía.
Refrendará que el Estado mexicano es el único responsable de la regulación del uso del agua.
Elimina el “régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares”.
Toda concesión de agua que se use para fines distintos a los autorizados, regresará al control de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que determinará su “mejor distribución”.
Incluye en la ley el concepto de “responsabilidad hídrica” para reconocer “buenas prácticas” de los concesionarios o asignatarios y aplicarlo como “atenuante” a favor o en contra, cuando se abran procesos administrativos.
Cambia el Registro Público de Derechos de Agua a un Registro Nacional de Agua que se denominará “RENA”, para mejorar el control y transparencia en el régimen de concesiones y asignaciones.
Cambia las reglas a la “determinación del pago de la cuota de garantía” para evitar el acaparamiento del recurso.
Impone reglas claras a las concesiones para uso agrario, reconocer los derechos de los titulares y evitar distorsiones.
Delitos hídricos
Refuerza los mecanismos para detectar el uso irregular de las aguas, incumplimiento de obligaciones, y fortalece las sanciones contra esas conductas.
Agrega un catálogo de delitos hídricos por tomar en el caso de sanciones.
Será objeto de sanción el “ceder, suministrar, intercambiar por pago en especie o proporcionar de cualquier otra forma a terceros, provisional o definitivamente, el uso parcial o total de las aguas materia de los títulos de concesión, asignación o permisos”.
También, cuando se transmitan los títulos de concesión o los permisos, y cambiar el uso del agua para el cual fue concesionada.
Por esas causas, las multas serán de 20 mil a 50 mil veces la UMA, es decir, de 2 millones 262 mil pesos y hasta 5 millones 655 mil pesos.
Habrá otras multas por distintas infracciones a la ley que rondarán los 260 y hasta 6 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); y de 7 mil a 15 mil veces la UMA.
A los infractores se les impondrán una o más sanciones, conforme a la falta cometida.
Asimismo, se aplicarán clausuras temporales, definitivas, totales o parciales cuando quienes incumplan la ley no cumplan con las medidas correctivas en los plazos y condiciones que determine la “Autoridad del Agua”.
De igual modo, las personas que violen la norma, “perderán en favor de la Nación”, las obras de alumbramiento y aprovecho de aguas que hayan realizado. La maquinaria involucrada en ello, será retenida y se conservará en “depósito” o “custodia”, hasta que se repare el daño ocasionado.
Si hay reincidencia en los delitos señalados, las multas podrán elevarse hasta tres veces el monto impuesto, aunado a que habrá revocación del título y clausura definitiva.
También prevé cuáles son las faltas no graves, por las cuáles la Autoridad del Agua podrá determinar que no aplicarán sanciones si se regulariza la situación y se repara el daño provocado antes del plazo otorgado para cumplir.
Cárcel por delitos hídricos
Los “delitos hídricos” se perseguirán de oficio.
Habrá cárcel de dos a 10 años y multas de 400 a cuatro mil días, a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin autorización.
Irán a prisión por dos y hasta 10 años, y pagarán multa de 400 a cuatro mil días, quien altere, desvíe u obstruya cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales.
Se impondrá uno y hasta 9 años de prisión y multas de 300 a tres mil días, a quien modifique, altere las instalaciones, equipos o dispositivos de medición de volúmenes de aguas nacionales para simular un menor consumo y con ello obtener beneficio económico.
Las penas serán de dos a 12 años de cárcel, al servidor público que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a cambio de beneficio que no esté contemplado en su remuneración, y que sea para sí, su cónyuge, parientes hasta en cuarto grado y parientes civiles en segundo grado o terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que él y las personas señaladas, formen parte.
También se penalizará con uno y hasta 12 años de cárcel y 300 a tres mil días de multa, al que solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registro de títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para explotar usar o aprovechar aguas nacionales a través del ofrecimiento o entrega de dádivas al servidor público.
Contempla contar con un Fondo de reserva de aguas nacionales para la “reasignación” de volúmenes, se conformará con los volúmenes recuperados de títulos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
Crisis hídrica en México
El documento enviado por la mandataria federal señala que al emitir una Ley General de Aguas, se reglamenta la reforma constitucional al artículo 4 que dio carácter de derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del recurso hídrico para uso personal y doméstico.
Indica que el agua es un bien público, indispensable para la vida digna y para el ejercicio de los derechos humanos, en consecuencia “no debe quedar sujeta a las reglas del mercado ni supeditada a la lógica de la oferta y la demanda por encima de las necesidades humanas y ambientales”.
Reconoce que el país vive “una crisis sin precedente en materia de agua”, ya que de acuerdo a estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 71 por ciento del territorio tiene “presión hídrica elevada” y más del 60 por ciento de los cuerpos de agua en México, tienen algún grado de contaminación.
Aunado a ello, el reporte del Monitor de Sequía en México, reveló que para abril del presente año, esa problemática afectaba al 45.8 por ciento del territorio nacional, principalmente en el noroeste.