“Si dedicáramos un minuto de reclamo por cada persona desaparecida, el país escucharía gritos 92 días seguidos”, expresa la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El organismo humanitario subraya que “la desaparición de personas en México ya no se puede llamar crisis, pues lleva décadas perpetuándose. Hasta agosto de 2025, el Registro Nacional reporta más de 133 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 7 mil ocurrieron solo en el primer semestre de este año”.
Además, de 2015 y 2025 se han registrado oficialmente 236 personas migrantes desaparecidas, sin considerar el subregistro, pues tan solo la Fundación para la Justicia ha acompañado a más de 200 víctimas directas, además de recibir decenas de solicitudes de asesorías, de familiares de migrantes desaparecidos de toda la región.
“En México, la situación no sólo es crítica por la cantidad de desapariciones, sino también por la cantidad de cuerpos sin identificar, se estima que más de 72 mil cuerpos permanecían sin identificar en los servicios forenses del país”, añade.
En los primeros seis meses del 2025, se registró el hallazgo del rancho Teuchitlán en Jalisco, en donde se presume se desapareció a cientos de personas, y el anuncio del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de aperturar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. México tiene hasta antes del 18 de septiembre para dar respuesta al CED.
El actual proceso de nombramiento de un/a nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es importante y producto de una clara falta de resultados por parte de la administración saliente de la Comisión. Esperamos que quien asuma ese rol esté a la altura, capaz de marcar la diferencia y responder a las necesidades, no del gobierno, sino de las víctimas. Entre ellas, las víctimas migrantes que a diario son blanco de secuestro, desaparición, reclutamiento forzado y otras formas de violencia extrema en México. Con esas familias también está en deuda México, también les debe una explicación ante el CED.
Esperamos que el cambio de titular en la CNB genere avances sustanciales, entre ellos la implementación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, creada formalmente en el 2021 por acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda, pero sin operación hasta la fecha. Representa una oportunidad de materializar una política pública de alcance transnacional en materia de búsqueda e identificación forense de personas migrantes desaparecidas, con participación de los países de origen. De la mano con ello, urge garantizar la implementación de los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), aprobados en 2022, por parte de los consulados de México y demás autoridades involucradas, para garantizar el acceso a la justicia, desde los países de origen de las víctimas.
Demandamos: una política real de prevención de la desaparición forzada y violencias generalizadas y sistemáticas contra la población migrante. La implementación inmediata de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas y diseño de una política nacional articulada.
Además, se solicita la aplicación efectiva e inmediata de los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, por parte de todos los consulados de México en la región y de todas las instituciones involucradas.
Se debe garantizar el acceso de la verdad, justicia y reparación, para las víctimas migrantes de desaparición y otras formas de violencia, y sus familiares. Reconfigurar el trabajo y estructuras de las fiscalías para garantizar investigaciones integrales, exhaustivas y multidisciplinarias, que incorporen el análisis de contexto, la participación de las víctimas, el abordaje transnacional y de macrocriminalidad.
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Apremia la creación de los mecanismos extraordinarios necesarios y la aceptación por parte del gobierno mexicano de recibir la asistencia técnica internacional que el país necesita para enfrentar el flagelo de la desaparición forzada y crisis forense.