Por segundo día consecutivo, personas con discapacidad, abogadas y abogados, así como expertas independientes, externaron su rechazo a la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para modificar el criterio que aplica actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar leyes por falta de consulta previa.
Adriana Gutiérrez, integrante de la asociación Viendo TEntiendo, afirmó que establecer como requisito que 15 personas con discapacidad hagan la solicitud para que las Comisiones de Derechos Humanos interpongan una acción de inconstitucionalidad, refleja falta de empatía, además de implica colocar una barrera más, por lo que pidió no caer en falsos discursos.
“No debemos caer en falsos discursos de que aprobarse en sus términos la propuesta, el derecho a la consulta no desaparece. Minimizar el derecho a la consulta como una cuestión adjetiva trae consigo diversos problemas como una falta de visibilidad real, reproducir barreras estructurales, la pérdida de legitimidad democrática por ser una Corte que reduzca nuestra participación, regresión en materia de garantizar y proteger los derechos. Por eso quiero recordarles ministras y ministros que no somos objeto de ayuda, somos sujetos de derechos; la consulta a las personas con discapacidad no puede minimizarse a un trámite burocrático más”.
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Paula Méndez Azuela, experta independiente y exsecretaria de Estudio y Cuenta de la Corte, destacó que la propuesta no resuelve el problema.
“Los nuevos criterios que se proponen no solucionan el problema y, por el contrario, resultan regresivos. Limitar el estudio de la consulta a los casos en que sea expresamente exigida por el grupo, es inviable. Los criterios de la Corte tienen que considerar la problemática que se presenta, pero la solución no puede dejar de exigir a las legislaturas que llevan a cabo las consultas a las que están obligadas. Ministras, ministros, no cierren la puerta a la posibilidad de exigir este derecho, este derecho que es indispensable para avanzar el resto de los derechos de grupo; la verdadera regresión no está en invalidar leyes sino en eliminar la posibilidad de que el derecho a la consulta sea realmente exigible”.
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En este marco, Lenia Batres reconoció que los comentarios vertidos durante la audiencia, les hicieron ver que su propuesta sí podría implicar una carga más para las personas con discapacidad.
“Se nos está indicando que puede generar o puede verse como una carga adicional para las personas con discapacidad que ahora tendrían que estudiar cada una de las leyes y estar pensando en ellas o vigilando para poder proceder contra cualquier ley que no haya sido consultada por las propias personas con discapacidad. Por supuesto que vamos a intentar atender esta preocupación”.
A pesar de que ya dio a conocer su propuesta, Lenia Batres comentó que todavía no hay un criterio determinado sobre el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.