La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas porciones de dos decretos que se promulgaron durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, a través de los cuales el Congreso de Morelos otorgó el pago de pensiones de jubilación a dos exservidores del Poder Judicial y de la Fiscalía estatal.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que estos decretos violan los principios de división de poderes y de autonomía e independencia presupuestal.
“El decreto impugnado viola los principios de división de poderes y de autonomía e independencia en su vertiente financiero-presupuestal, esto es, sobre la gestión de los recursos de uno de los poderes de ese estado. Lo anterior porque el Congreso del estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales del Poder Judicial de ese estado, lo que trajo como consecuencia que se diera una subordinación y se transgredieran los principios de división de poderes y de autonomía presupuestal”.
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Ante ello, la Corte ordenó al Congreso local dotar del presupuesto necesario al Poder Judicial y a la fiscalía para cubrir las pensiones, recursos deberán verse reflejados no solo en este ejercicio fiscal, sino en los próximos años.
Una de las pensiones fue otorgada a Eldaí López López, quien su último cargo fue de actuaria de segunda instancia adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
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La segunda se otorgó a Carlos Alberto Figueroa Vázquez, quien ocupó cargos relevantes en la entidad, entre ellos, el de procurador fiscal en el gobierno de Graco Ramírez.