La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán cometió una violación a la consulta indígena del pueblo maya del estado, al no consultarle sobre la publicación de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDS-22. En aquel entonces, la titular de la SDS era la ahora diputada por el PAN, Sayda Melina Rodríguez Gómez.
El amparo fue interpuesto por pobladores de los municipios de Chapab y Kinchil acompañados por la asociación Kanan Derechos Humanos. Explicaron que en un primer momento el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán no reconoció la legitimidad de las personas mayas para contraponerse a esa norma.
En respuesta, interpusieron el recurso de revisión, mismo que se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el ministro presidente, Hugo Aguilar y la ministra Lenia Batres decidieron hacer suya la solicitud de reasunción del caso.
Entre los actos reclamados en el amparo señalan que la SDS no pidió el consentimiento previo de los pueblos mayas para la publicación de la Norma Técnica Ambiental.
Además, tampoco reconoce que las empresas y autoridades deban consultar a los pueblos durante el proceso de regularización de sus operaciones, aun cuando afecten a los territorios indígenas.