La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley General para combatir la extorsión, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
Minutos después, el mismo anuncio lo hizo la presidenta de la Mesa Directiva del recinto, Kenia López, quien dio a conocer la instrucción de publicar el documento enviado por la mandataria federal en la Gaceta Parlamentaria, para que sea del conocimiento general.
López Rabadán compartió el texto enviado por la jefa del Ejecutivo Federal y que contiene la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
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La norma va acompañada con propuestas de reforma al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El proyecto se aprobará para contribuir al combate de ese delito, anticipó en redes sociales el diputado Monreal Ávila.
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“En la @Mx_Diputados recibimos de la Presidenta @Claudiashein la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Trabajaremos para dar al país un marco legal que castigue y elimine este ilícito”, anotó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @RicardoMonrealA.
Después, la diputada López Rabadán también utilizó sus cuentas en redes, para confirmar la recepción de los proyectos.
“He recibido, de la Presidenta de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. He solicitado su publicación en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de todas y todos”, indicó en su cuenta en X, @kenialopezr.
En semanas anteriores, los diputados y senadores aprobaron la reforma constitucional a través de la que se facultó al Poder Legislativo a emitir una ley general en la materia referida.
El pasado 7 de octubre, en San Lázaro se emitió la declaratoria de constitucionalidad respectiva, luego de que el Senado de la República también cumpliera con el trámite, y después de que 22 congresos estatales dieran el visto bueno a los cambios referidos.
Reformas contra la extorsión
La mandataria federal explicó que el objetivo de las reformas propuestas y la Ley General contra la extorsión tienen como fin dar suficientes herramientas jurídicas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para prevenir de manera eficaz el delito.
También para que utilicen técnicas de investigación específicas para atender las particularidades de la conducta ilegal, implementar medidas de protección y asistencia a las víctimas, los testigos y ofendidos, y se coordinen de manera eficiente para mejorar el combate al delito.
Planteó que exista un tipo penal básico para identificar la extorsión y que sea aplicable en todo el país, para que sin importar dónde se cometa o el daño que provoque, se atienda de igual manera.
Penas por extorsión
Propuso establecer un tipo penal básico por extorsión, con penas de 6 a 15 años de cárcel y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir de 11 mil 310 pesos como mínimo y 56 mil 550 pesos como máximo.
Planteó establecer 34 agravantes divididas en tres categorías, conforme a la gravedad de afectación que provoquen.
Pidió incrementar la pena básica hasta en una tercera parte, es decir, de 8 a 20 años de cárcel, cuando la extorsión esté relacionada con daños patrimoniales o contemplen una menor lesividad en comparación con otras agravantes.
La pena propuesta aplicaría al cobro de piso, imposición de precios a productos, bienes o servicios, al uso del sistema financiero y cuando la conducta se cometa contra candidatos a elección popular.
Otras agravantes
En la segunda categoría de agravantes, planteó que la pena aumentará de una tercera parte hasta la mitad de la misma, por lo que la sanción máxima podría ser de 22.5 años, cuando la extorsión sea contra migrantes, menores de 18 años, personas en estado de embarazo, adultos mayores de 60 años.
También cuando se coaccione a la víctima con el uso de información privada o el sujeto activo tenga una relación de confianza.
La tercera categoría de agravantes, indicó, aumentará la pena de la mitad hasta dos terceras partes más, cuando la extorsión implique una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito y el impacto económico y social que tenga.
Como ejemplo, habló del uso de la violencia física, moral o psicológica; cuando se simule un “hecho de tránsito”, es decir, en el caso de los llamados “monta choques”; cuando el extorsionador sea un servidor o exservidor público; cuando intervengan personas armadas, cuando se utilice a personas menores de edad; o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa.
Sanción al extorsionador y quien lo ayuda
Afirmó que el planteamiento “se compromete” con las víctimas, en especial cuando se trate de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y comerciantes, que son considerados los más vulnerables.
Indicó que la norma busca sancionar a quien comete la extorsión y también a todas las personas que faciliten, sostengan, cooperen o auxilien dolosamente a la comisión del delito. Es decir, va contra “la red” que sostenga la comisión del delito, incluyendo a los que auxilien o cooperen con el extorsionador, así como a quienes introduzcan a centros penitenciarios o lo intente, dispositivos electrónicos o sus componentes.
Añadió que la extorsión deberá ser perseguida de oficio, sin que sea necesaria la ratificación para iniciar carpetas de investigación.
Las víctimas podrán denunciar de manera anónima a través de herramientas como el número nacional 089, donde bastará que describa la forma como se cometió el delito.
Investigar información financiera y redes sociales
Para dar efectividad al combate al ilícito, propuso que la policía actúe bajo el mando del Ministerio Público, con apoyo de personal pericial especializado y con acceso a mecanismos de inteligencia y técnicas de investigación bajo control judicial, como la intervención de comunicaciones y la revisión de información bancaria.
Asimismo, las investigaciones deberán atender “el uso de medios electrónicos como redes sociales, mensajería instantánea o plataformas digitales”, para descartar que hayan sido utilizados sin autorización del titular o bien, para obtener más pruebas.
Las sentencias por extorsión, deberán cuantificar la reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas.
Los sentenciados no podrán acceder a beneficios como preliberaciones ni conmutación de la pena, salvo en algunas excepciones cuando colaboren de manera eficaz con la justicia, propuso.
En el caso de centros penitenciarios, los directores deberán asegurarse que los sentenciados por extorsión no tengan acceso a medios digitales ni electrónicos.
Deberán implementar procedimientos y tecnología para evitar la entrada y salida de llamadas de celular, radiocomunicación y otras formas de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.
Extorsión en aumento
En la argumentación, la Presidenta reconoció que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y este 2025, se registró un incremento de 20.8 por ciento en el promedio diario de extorsiones en el país.
Señaló que el 57.8 por ciento de esos eventos a nivel nacional, que ya es considerado un delito de “alto impacto”, se concentran en el Estado de México, Guanajuato, la Ciudad de México y Nuevo León.
En consecuencia, el pasado mes de julio se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, para combatir, enfrentar y frenar el avance de dicho delito.
Ello, con la detención de extorsionadores, haciendo trabajo de investigación e inteligencia, fortaleciendo a las “unidades antiextorsión”, aplicando protocolos de atención a víctimas y lanzando un número telefónico nacional para atender las denuncias por llamadas de extorsión y capacitar a los operadores en escenarios de crisis y negociación.
“A pesar de los esfuerzos emprendidos y de los resultados positivos que muestra la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben reconocer que la prevención, investigación, persecución y sanción efectivas del delito de extorsión son una tarea pendiente que se encuentran obligadas a atender sin mayor dilación, de forma coordinada”, y asumiendo las respectivas responsabilidades.
Recordó que el pasado 9 de octubre se publicó la reforma constitucional en la materia, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que es momento de ponerla en marcha.
Es preciso establecer un tipo penal único de extorsión, sanciones homologadas en todo el país, definir las distintas modalidades del delito a través de agravantes y tipificar las conductas vinculadas a la extorsión, para disuadirlas.
Enfatizó que en promedio en el país, las penas por extorsión van de 4 años y seis meses como mínimo y hasta 12 años como máximo; sin embargo, hay una gran diversidad de sanciones, como las que aplican en Oaxaca, que lo castigan con apenas uno y hasta tres años de cárcel.
El caso es el mismo con las multas, que son sumamente dispares entre las distintas entidades.