El Código Fiscal de la Federación se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Es el segundo proyecto correspondiente a la parte fiscal del paquete económico 2026, propuesto por la Presidenta de la República.
El bloque mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) emitió en lo general, 348 votos a favor.
Te podría interesar
La oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Ciudadano (MC), emitieron 130 votos en contra, también en lo general.
En cuanto se emita la votación en lo particular, el proyecto avalado se turnará al Senado de la República.
Te podría interesar
Endurecimiento del Código
En el debate, la mayoría defendió la propuesta que redoblará los controles de la autoridad fiscal para combatir la evasión fiscal y delitos como el robo de combustibles.
El endurecimiento de la vigilancia sobre contribuyentes, la utilización de la información de éstos resguardada en plataformas digitales y la aplicación de restricciones como el bloqueo de sellos digitales para frenar operaciones cuando se crea que hay ilícitos involucrados, no es ningún estado de vigilancia, es asegurar que se cumplan las obligaciones fiscales, señalaron.
“No hay ninguna vigilancia, no hay ninguna actitud de intromisión en la vida de las personas, lo único que queremos es cumplir con la ley para pagar nuestras contribuciones de acuerdo a las utilidades y a los ingresos que tenemos (…) ¡no se hagan ojo de hormiga, si quieren combatir al huacicol fiscal y a los factureros, súmense a este Código Fiscal de la Federación que combate los delitos con mucha fuerza!”, enfatizó el vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Terrorismo fiscal”
Con pancartas color negro con un ojo vigilante plasmado, así como esferas de ojos color gris, los legisladores del PAN acusaron que la norma aprobada no busca mejorar la recaudación sino implementar el “terrorismo fiscal”.
Las disposiciones criminalizan al contribuyente, es un Código “espía” y convertirá al SAT en el “Gran Hermano” de la recaudación y la vigilancia digital masiva, coincidieron panistas, priístas y emecistas.
“Y se va a poner a todos como culpables inmediatos antes de investigarlos (…) esta reforma está fundada en delitos que en su gran mayoría han cometido muchos de ellos servidores públicos, pero es más fácil crear una política de terrorismo que limpiar la casa y asumir que hay personalidades de la administración pública y de la política que son responsables de estos delitos”, reclamó el priísta Jericó Abramo.
“Un Código Fiscal para combatir ni a las factureras ni a los huachicoleros, es un Código Fiscal espía, de terrorismo, confiscatorio, lo que quieren es ir por tu dinero, es rascarte del bolsillo las pocas monedas que te quedan (…) no es para atacar al huachicol, permitieron un daño de 600 mil millones de pesos en huachicol fiscal”, como lo reconoció la Procuraduría Fiscal de la Federación, remarcó el vicecoordinador económico de la fracción albiazul, Héctor Saúl Téllez.
Se violentan los derechos del contribuyente, se imponen sobrecargas en ciudadanos cumplidos, se dan facultades desmedidas a la autoridad y “estrangula” a los causantes con trámites interminables y costosos.
“No a un Gran Hermano fiscal digital” y “no” a convertir al SAT en un “verdugo fiscal todopoderoso”, exigió la emecista Gloria Núñez.
También recriminó que se “estigmatice” a las maquiladoras como empresas fraudulentas y factureras.
Cerca del final de la discusión, los diputados de Morena, Mario Miguel Carrillo y del PAN, Germán Martínez, a gritos, intercambiaron insultos.
Carrillo llamó “rateros” a los legisladores de la oposición y se burló de que el legislador que hace un par de años estuviera en Morena, haya retornado al blanquiazul.
Martínez Cázares le respondió asegurando que “sí comió” del plato morenista, pero para tener el gusto de “vomitar” a ese partido y a quien fuera su dirigente, Mario Delgado, al que calificó como el “rey del huachicol”.
Combate a factureras y huachicoleros
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, recalcó que la reforma busca combatir las empresas factureras y prácticas ilícitas como el uso ilegal de sellos digitales, con el propósito de que los recursos que la Federación debería recaudar y destinar a obras y programas prioritarios, “se pierdan”.
Indicó que los cambios giran en cuatro ejes que incluyen el combate al uso indebido de comprobantes fiscales que no respalden operaciones reales.
La autoridad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá promover querellas contra contribuyentes, y podrá negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando se sospeche de participación con defraudadores.
Habrá visitas domiciliarias “expeditas” para detectar y sancionar a contribuyentes que utilicen comprobantes falsos.
Se establecen las opciones de presentar “billete de depósito” o una carta de crédito como garantía de pago, en el caso de créditos fiscales no saldados.
Se otorgarán plazos para pagar adeudos fiscales, a quienes se quiera regularizar, abundó.
En cuanto al combate a la comercialización ilegal de hidrocarburos, refrendó que se cancelarán los sellos fiscales. La medida aplicará cuando los permisos de operación a empresas en el sector, no estén vigentes o sean diferentes al otorgado por la autoridad.
Acceso a información de usuarios de plataformas
Refrendó que se permitirá al SAT acceder a la información fiscal de contribuyentes en plataformas digitales, en tiempo real, para detectar posibles ilícitos, asegurarse de que se están cumpliendo las obligaciones fiscales y en caso contrario, aplicar sanciones.
La propuesta de reforma indica que se considerará “servicios digitales” los que prestan residentes en ele extranjero sin establecimiento en el país y cuando se proporcionan por aplicaciones o contenidos digitales a través de internet u otra red, fundamentalmente automatizado y por los cuales se cobre alguna contraprestación.
Los “servicios digitales” consisten en la descarga o acceso a contenidos como streaming, de intermediación entre terceros, clubes en línea y “páginas de cita”, de enseñanza a distancia o de test o de ejercicios.
En consecuencia, la autoridad podrá pedir el acceso en tiempo real y de forma permanente, a la información de los usuarios de esos servicios.