La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer los amparos que han concedido jueces y que han detenido las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Corresponderá al ministro Alfredo Gutierrez Ortiz Mena formular un proyecto de resolución, luego de que dicho Comité le solicitara atraer este asunto.
De esta manera no procederá la imposición de sanciones y las medidas de apremio para hacer cumplir la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar sus actividades, además de solicitar que se impongan sanciones al juez que otorgó el amparo para detener el proceso de selección de personas candidatas a la elección de jueces, magistrados y ministros.
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En tanto, magistrados y jueces agrupados en el colectivo Artículo 41, respaldaron la decisión de la Corte.
La magistrada Edna Hernández Granados, dijo que la Corte esta ejerciendo la facultad que tiene, con apego al régimen constitucional.
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En el mismo sentido, el magistrado José Rogelio Alanís afirmó que ahora será un órgano competente en materia de amparo, como es la Suprema Corte, la que resolverá este asunto y no una instancia con una competencia muy acotada como es el Tribunal Electoral.
Defienden jueces sus resoluciones
El juez Sergio Santamaría Chamú y la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, quienes concedieron amparos para que se detenga la aplicación de la reforma al poder judicial y la elección prevista para el 1 de junio defendieron sus sentencias.
Durante la conferencia de prensa convocada por el colectivo Artículo 41, Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, dijo que desde el principio debió acatarse su resolución, la cual, no estaba dirigida solamente al funcionamiento de los Comités de Evaluación.
Comentó que encargó a un juez de Distrito en materia administrativa que acuda a las sedes de los Comités de Evaluación para hacer cumplir la suspensión que otorgó, porque actualmente se encuentra de guardia y no puede llevar a cabo esta medida.
Rechazó que haya usurpado funciones del Tribunal Electoral, al calificar como “fuera de lugar” las medidas de apremio dictadas en su contra.
“Decidió tomar a mal estos planteamientos y solicitar al Consejo el inicio de alguna investigación, así como a la fiscalía de la república para que actúe en el ámbito de su competencia, lo que me parece fuera de lugar”, advirtió.
En tanto, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, criticó el desacato a los amparos que se han concedido contra la reforma judicial.
Afirmó que la sentencia del Tribunal Electoral que ordena reanudar las actividades del Comité de Evaluación y sancionar a quienes otorgaron los amparos, es un mensaje para inhibir la labor de los jueces.