La titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, fue denunciada por delitos contra la administración y obstrucción de la justicia.
La denunciante, fue la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén.
La congresista también promovió un amparo ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, con el fin de que la Fiscalía señalada le informe sobre el estado de las 205 denuncias penales presentadas por distintos casos de corrupción y uso irregular de recursos públicos, desde junio de 2022 a la fecha.
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Amparo para acceder a información
Pérez-Jaén Zermeño indicó que tuvo que acudir ante el Poder Judicial, a solicitar un amparo y que la fiscal especializada cumpla su obligación de informar sobre el seguimiento a las denuncias referidas.
Indicó que el pasado 16 de junio de 2024 solicitó formalmente a la Fiscalía Especializada, a través de un escrito, le indicara el estado que guardan y avance que llevan las decenas de denuncias referidas, y hasta el momento, no ha habido ninguna notificación ni respuesta formal.
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Manifestó que peticionarios como ella, se encuentran en la indefensión y ven violados sus derechos, al no obtener respuesta ni atención a sus derechos de petición, audiencia y acceso al debido proceso.
Lo anterior, advirtió, configura el delito de abuso de autoridad, por retardar o negar la prestación de los servicios a los que obliga la ley a la fiscal Mijangos Borja.
Aunado a que la servidora pública estaría incurriendo en la falta de obstrucción a la justicia, por no atender ni las solicitudes de información sobre los avances en las investigaciones por actos de corrupción.
En consecuencia, la legisladora federal agregó que solicitó de manera formal al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, turne el asunto al Órgano Interno de Control de esa instancia, para que se investigue la conducta y omisiones de la fiscal anticorrupción.
“Le solicité formalmente información respecto a los números de carpetas de investigación relativos a las denuncias que he presentado. Asimismo le solicité se me informara el estado procedimental que estas guardan y se precisaran los actos de investigación que la Fiscalía Especializada en materia de combate a la Corrupción ha realizado para la integración de las carpetas de investigación”, reiteró.
“Como no recibí respuesta, es que decidí denunciarla. Esta omisión reviste un acto flagrante de autoridad que coloca a los denunciantes como es mi caso, en estado de indefensión”, argumentó.
Denuncias por actos de corrupción
La integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, recordó que entre las decenas de denuncias presentadas, ha presentado evidencias de uso irregular de recursos públicos, desvíos multimillonarios, simulación e incumplimiento de contratos, obras de mala calidad e irregularidades en programa sociales del Gobierno Federal.
Se trata de anomalías en compras y contrataciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por más de 496 millones de pesos; así como arbitrariedades de la titular de ese organismo, Ana Gabriela Guevara.
También, de caso de los 170 millones de pesos cuyo uso no se aclaró, en el programa de apoyo económico denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cuando la actual titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa Alcalde, era la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel federal.
Denunció la falta de comprobación y aclaraciones por casi 8 mil millones de pesos durante el mandato en la Ciudad de México, de la actual virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Reconoció que en ese caso, la ASF decidió “dar carpetazo”, sin embargo, se presentó una denuncia cuyos resultados se desconocen.
También habló del quebranto por casi 3 mil millones de pesos en el programa Sembrando Vida, cuando estuvieron a cargo de la Secretaría de Bienestar, el actual gobernador electo de Tabasco, Javier May, y la actual secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.
Las denuncias incluyen, indicó, el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, ocurrido a finales del pasado mes de marzo; la “desaparición” de medicamentos oncológicos para niños, del Hospital Infantil Federico Gómez; las compras irregulares de mascarillas y ventiladores hechas por el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI; así como la estafa y desvío de recursos públicos por casi 20 mil millones de pesos en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX.
De todos esos hechos, indicó, se han presentado pruebas y las denuncias correspondientes, ante las que la Fiscalía Especializada no ha dado resultados.
Dijo que ese organismo adscrito a la FGR, le está costando al erario en este 2024, cerca de 224 millones de pesos, pero no es funcional ni efectivo, ya que no hay avances en las investigaciones a su cargo ni imputación de responsabilidades y delitos a los culpables.
“No hace ni la simulación de investigar”, recriminó la congresista.