Con 50 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, este jueves el pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen que establece un tope en el incremento al precio de las rentas en la vivienda de la Ciudad de México.
De esta forma, el alza en la cantidad pactada como renta mensual ya no podrá ser superior a la inflación reportada por el Banco de México el año anterior.
Desde la tribuna del recinto de Donceles, la diputada por Morena, Valentina Batres dijo que esta legislación se trata de un acto de justicia social.
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Y es que entre los años 2013 y 2019 las rentas en la capital del país se elevaron hasta ocho veces más que el salario mínimo, lo que afectó los ingresos de quienes destinan parte de sus ingresos al pago del arrendamiento, incluso el desplazamiento de miles de personas.
“Esta medida responde a una necesidad urgente de justicia social, que protege a las familias a todas, pero sobre todas las familias trabajadoras de los incrementos, arbitrarios y desproporcionados en el costo del arrendamiento”.
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“No podemos permitir que quienes menos tienen de erosionados su poder adquisitivo o sean expulsados desplazados de sus hogares y de sus comunidades, exacerbando la segregación y la inequidad en nuestra ciudad”, expuso.
Y pese a su respaldo, la diputada por el PAN, Gabriela Salido, aseguró que esta medida sólo es un paliativo al problema de vivienda que no va al fondo para encontrar una solución ante lo que consideró es un fracaso del Instituto de Vivienda.
“No resolvemos el problema de la vivienda en la ciudad. Mí me gustaría ser optimista, pero en este optimismo llevamos prácticamente 18 años, esperando que esta ciudad tenga planteamientos sensatos en la solución de cómo debe de crecer y cómo debe atender los problemas fundamentales y la vivienda siempre ha sido desde que yo tengo uso de razón uno de los problemas que más se han resaltado es una buena nota, pero no es una solución”.
“Es solamente un paliativo al problema real de vivienda en la capital, son reformas cosméticas que no resuelven el problema ante la evidente fracaso del INVI”, señaló.
Además, como parte de este dictamen, se aprobó la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento a cargo del gobierno local y para tales efectos, el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de haber sido celebrados.