La reforma judicial es necesaria, pero las modalidades que propone para atacar los problemas de corrupción entre juzgadores, como la elección de los juzgadores en urnas, no es la vía más adecuada, planteó el coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa.
Si el método de elecciones que el Presidente propone para sustituir a todos los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial y “democratizar” esa decisión fuera el método adecuado, agregó, tampoco habría legisladores y gobernantes emanados de las urnas involucrados en corrupción, lo cual no ocurre en la realidad, sentenció.
“La reforma es necesaria, es obviamente necesaria, parte de un diagnóstico, pero no dice cómo resolverlo. Realmente la iniciativa presidencial no nos está dando una vía, esperemos justo que estos diálogos nos permitan establecer dinámicas que sí aseguren que esta vía pueda ser la correcta para qué, para tener mejores jueces”, anotó.
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Refrendó que si el sistema de elección de autoridades en el país permitiera tener en puestos de representación popular sólo a personas no corruptas “no habría diputadas y diputados, senadores y senadores, presidentes municipales que fueran corruptos”, agregó.
Reformas con “machete”
El legislador también advirtió que la forma en que el bloque mayoritario ha impulsado cambios drásticos, como la desaparición de fondos y fideicomisos no sólo del Poder Judicial, es cuestionable.
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Consideró que los planteamientos para imponer medidas de austeridad en el ámbito judicial y sobre el manejo de los fondos y fideicomisos de esa instancia, tampoco asegura que habrá respeto a los derechos de los trabajadores y juzgadores.
Cuando los congresistas deberían utilizar el “bisturí” para hacer modificaciones legales relevantes, han utilizado “el machete”, sentenció.
“También creo que pasa por valorar los distintos fideicomisos públicos, se optó, cuando se requiere bisturí a veces se toca el machete y realmente fideicomisos muy distintos, hay algunos que van ligados a condiciones generales del contrato colectivo de trabajo que no se respetan, si justo se cortan los fideicomisos”, expresó.
Entre los argumentos que sostienen la reforma está el rechazo a privilegios económicos de ministras, magistrados y jueces, pero no se está haciendo la necesaria distinción en los derechos laborales que amparan esas herramientas financieras, señaló.
Lo anterior pone en entredicho la promesa de que las conquistas laborales no se verán afectadas, destacó.
Deficiencias en la reforma judicial
Entre otros elementos de la propuesta presidencial que en el discurso se defienden, pero en el texto no se reflejan, dijo, está el impacto presupuestal de los cambios.
Análisis que acompañan la iniciativa hablan de que no habrá un impacto presupuestal llevando a elecciones extraordinarias a más de mil 600 juzgadores, no se sostienen.
Tampoco se está reconociendo el costo que tendrá “rebanar” los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, ni de cómo se cubrirán las obligaciones y responsabilidades financieras que ello implicará.
Asimismo, el proyecto que tiene como fundamento la “austeridad”, no plantea disposiciones presupuestales para garantizar la operatividad, funcionamiento, autonomía e independencia del Poder Judicial.
Hizo notar que en cuanto al “proceso electoral” a que se someterá a candidatos a juzgadores, tampoco habrá equidad, porque no podrán competir aquellos que no sean preseleccionados por el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Judicial.
La iniciativa, criticó el líder parlamentario, no va por las vías adecuadas para que la elección de jueces derive en el nombramiento de mejores elementos.
No es una propuesta integral, en cuanto deja fuera el tema de las fiscalías locales, aunado a que no plantea elección popular de sus titulares que, generalmente están ligados a los gobernadores de las entidades, remarcó.
Falta de pluralidad en los foros
Respecto a la organización de los foros, el diputado López Ochoa Mijares reiteró el reclamo de su partido, formalizado a través de un escrito planeado por el senador Clemente Castañeda, por el incumplimiento de las condiciones de pluralidad e imparcialidad establecidas previo a los encuentros.
La equidad que se ofreció a los distintos grupos parlamentarios no se cumplió, cuando en el primer foro regional organizado en Guadalajara, Jalisco, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) utilizó el foro para dar continuidad a una campaña electoral y acusar fraude en las elecciones en ese estado.
Asimismo, indicó que la inclusión de invitados con perfiles y posición de abierto apoyo al partido en el gobierno y contra la oposición, debería someterse a revisión.