La reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal, generó debate y división de opiniones entre académicos, investigadores, juristas y especialistas invitados al primer “diálogo nacional” de un total de ocho, que se llevarán a cabo en diferentes entidades de la República.
Desde la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, la mayoría de los invitados coincidió en que si bien es necesario que el Poder Judicial se abra al cambio y acepte reformas, cuestionaron si el voto en urnas para elegir jueces, ministros y magistrados es la mejor opción.
La mayoría de las voces coincidió en pedir que la sustitución de juzgadores sea gradual y conforme vayan terminando los respectivos encargos.
Te podría interesar
Invitados afines a Morena
Algunos invitados afines a Morena y al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, defendieron los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal.
En ese tono, el exconsejero electoral, exlegislador federal y exfuncionario de la actual administración, Jaime Cárdenas, se llevó aplausos, pero también muestras de rechazo con algunos abucheos y chiflidos, al instar a Morena y aliados a que hagan valer en el Congreso, los 36 millones de votos que tuvieron en las urnas.
Te podría interesar
Agregó que la reforma se justifica, porque la Corte ha hecho “cosas terribles” como suspender leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
“De qué sirve, les pregunto a los legisladores, a los políticos, a las políticas que estén aquí, ganar con 36 millones de votos o con 30 millones de votos, si después no se puede hacer nada, porque hay un Tribunal que dice: hasta aquí, hasta aquí llegaste, hasta aquí significa el derecho, estos son los límites, no puedes ir más allá. Entonces esto tiene qué ver con el cambio de este modelo”, subrayó.
Pancarta de protesta
Antes, desde el público se mostró una placa con palabras críticas hacia los promotores de la reforma.
“No les importa la justicia, les estorba la división de poderes. AUTORITARIOS”, decía la frase escrita al parecer, en una pizarra plástica.
Respaldo a la reforma judicial
Katya Fernanda Ocampo, que se identificó como exintegrante del equipo del ahora exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, aplaudió y respaldó la propuesta del Ejecutivo.
Trató de convencer a los críticos diciendo que lejos de poner en manos del Presidente el nombramiento de ministros, la decisión se repartirá entre el propio Judicial y el Legislativo. Que no haya miedo a que los ciudadanos elijan a los ministros en las urnas, pidió.
Gabriela Díaz Salinas, exfuncionaria en la Suprema Corte, del IMSS y la Cancillería, aseguró que la reforma y la elección de jueces en urnas será un medio para alcanzar el fin de combatir la corrupción en el Poder Judicial.
Afirmó que el derecho no es la Constitución, por lo que ese texto puede ser reformado y tras admitir que no se sabe ninguno de sus artículos de memoria, indicó que con sus nociones de justicia le basta para argumentar.
Bajando el sueldo a los 11 ministros de la Corte, reduciéndolos a nueve, quitándoles las camionetas y los apoyos de seguridad, así como los seguros de gastos médicos mayores, habrá recursos suficientes para fortalecer la Defensoría Pública, dijo.
Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional en la licenciatura de Abogado en la Universidad de Guadalajara, también habló a favor.
Aseveró que desde su punto de vista, la autonomía e independencia de jueces se ha tergiversado a lo largo de la historia, porque esos conceptos no se refieren a la persona, sino al sistema judicial.
Agregó que la Suprema Corte se ha adjudicado el poder de interpretar el sentido original de la Constitución, como si utilizara una tabla “ouija”, aunado a que emite sentencias a partir de criterios personales de sus integrantes, por lo que se han “convertido en poder absoluto” e “incontrolable”.
Críticas a la reforma judicial
Si bien la mayoría de los invitados consideró que se requiere una reforma judicial y que el Poder respectivo sea autocrítico, se habló de los riesgos de la reforma del Ejecutivo.
Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, admitió que al Judicial le falta autocrítica y que los juzgadores sean más amigables con la ciudadanía, porque algunos trabajan “a puerta cerrada” y son ajenos a quienes reclaman justicia.
Reconoció que los votantes dieron poder de reformar la Constitución al bloque mayoritario y avanzar con la elección de integrantes del Poder Judicial.
No obstante, pidió que los mecanismos de elección de “candidatos” sean rigurosos, privilegiar la idoneidad, la capacidad, experiencia y conocimiento de los aspirantes, no su popularidad.
Asimismo, subrayó la importancia de que los cambios respeten los derechos de juzgadores en activo, tras recordar que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido fallos contra Estados, por destituciones de jueces que han resultado violatorias de derechos humanos y la norma internacional.
Hizo énfasis en que se aplique una reforma escalonada, que se respeten los cargos de quienes estén en funciones, y los procesos electorales se lleven a cabo para cubrir vacantes no para destituir a todos los juzgadores vigentes.
Ana Sofía Torres Menchaca, académica en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, recalcó que la reforma será incompleta si no toma en cuenta a las fiscalías y tribunales de justicia estatales.
No deja claro cómo la elección de un juez en urnas, los hará confiables, idóneos, expertos, cercanos a la ciudadanía y capaces de resolver los problemas en la impartición de justicia que en décadas no se han podido remediar.
Subrayó que el Ejecutivo ya tiene la capacidad de cambiar a los tomadores de decisiones y nombrar directamente a ministros de la Corte, sin necesidad de aprobar la reforma.
Agregó que el voto del 2 de junio, también debería ser aprovechado por la mayoría política para desarrollar la facultad del autocontrol en la toma de decisiones.
Alertó sobre el riesgo de dejar en desprotección a la ciudadanía y las minorías, si se limita la facultad de la Corte de avalar acciones de inconstitucionalidad.
Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la división de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, demandó tener cuidado con lo que se aprobará, ante el riesgo de que se genere una parálisis en el Poder Judicial.
Cuestionó los fundamentos de la reforma, al recordar que el titular del Ejecutivo tiene poder de influencia directa en la integración de la Corte, ya que actualmente, casi el 50 por ciento de los ministros y ministras han sido propuestas suyas.
“No desmantelen al Poder Judicial”, sostener y cuidar la carrera judicial, que las promociones a magistraturas y juzgados se definan por concursos de oposición y exámenes rigurosos.
Ruiz Moreno se llevó aplausos cuanto sentenció que no puede haber independencia judicial sin estabilidad en el encargo de los juzgadores y que los ministros, jueces y magistrados no tienen por qué estar haciendo campañas en busca del voto ni prometer sentencias condenatorias o absolutorias.
Llevar a la elección popular, provocará que los partidos metan la mano en esos procesos, y en esos términos, la elección no será efectiva, alertó.
Gildardo Galinzoga Esparza, abogado, magistrado de circuito en el Poder Judicial Federal, con 35 años de antigüedad, respaldó las peticiones de que la reforma sea gradual, de otro modo, provocará daños imprevisibles y reversibles para los juzgadores y los ciudadanos.
Fanny Lorena Jiménez, presidenta de la Asociación Nacional de Tribunales de Justicia Administrativos y exmagistrada local, también pidió reemplazo paulatino de jueces, magistrados y ministros, que deben ser personas ajenas a intereses de tipo político y otras índoles.
Marcos del Rosario Rodríguez, miembro Barra Mexicana Colegios de Abogados y del Ilustre Colegio de Abogados de México, señaló que la iniciativa es oportuna porque la reforma se necesita, pero sus motivaciones deben ser discutidas.
Sentenció de que debilitando la carrera judicial, y sin el cumplimiento de rigurosos y estrictos requisitos de idoneidad, no se alcanzarán los objetivos de mejorar el sistema de justicia.
Víctor Flores Nicolás, secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Sección II, Toluca, respaldó la reforma.
Ello, al narrar la serie de anomalías y atropellos contra el trabajador que se cometen en el Consejo de la Judicatura Federal, donde ha represalias, acoso sexual y discriminación laboral contra las mujeres, así como despidos injustificados.
Los trabajadores están de acuerdo en dividir la Judicatura en un Tribunal de Disciplina y un órgano administrativo, dijo.
El representante sindical también exigió que los diputados de la mayoría cumplan en los hechos la promesa de que habrá “cero” afectaciones a los derechos laborales de los empleados del Poder.