La austeridad propuesta por el Presidente de la República en la reforma al Poder Judicial debe ajustarse a los diagnósticos reales sobre la situación de la impartición de justicia en el país, de lo contrario, significará riesgos y afectaciones a esa labor central del Estado, advirtieron la mayoría de los asistentes al segundo foro de debate en la materia, organizado por la Cámara de Diputados.
Desde la sede del Congreso del Estado de México, en Toluca, especialistas, jueces, magistrados y académicos señalaron que la austeridad en el Poder Judicial mal aplicada, será sumamente costosa.
Alertaron que si no se garantiza el presupuesto suficiente a los poderes judiciales a nivel federal y local, lejos de cumplir con servicios de justicia expeditos y adecuados, esas instancias se debilitarán.
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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuéllar señaló que la reforma a discusión debe ser federalista y partir de diagnósticos reales, como el hecho de que en México, hay 4.5 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando al menos debería haber 10.
“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía, frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto”, expresó el magistrado Sodi Cuéllar.
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Su planteamiento fue rechazado por el líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien sentenció que la austeridad en uno de los elementos irrenunciables de la reforma y a ello se deberán apegar las judicaturas locales.
“Señor presidente del Tribunal aquí en el Estado de México, viva la austeridad también para ustedes, saludos”, atajó el legislador.
Trabajadores exigen respeto a derechos
En representación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el secretario general del Sindicato, Jesús Gilberto González advirtió que “politizar” presupuesto en esa instancia del Estado mexicano afectará el acceso a la justicia.
González Pimentel demandó a los congresistas que cumplan el ofrecimiento de respeto a los derechos laborales adquiridos por la plantilla del Judicial.
Denunció las carencias, trabas, abusos laborales y explotación que enfrentan los trabajadores en ese rubro y señaló que una buena reforma debe atender problemáticas como el bloqueo al aumento salarial del personal implementado desde el inicio de esta administración.
Los congresistas deben garantizar el presupuesto al Poder Judicial, que deje de recortarse y tenga una base mínima del 2 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB).
Exigió que los congresistas establezcan en la reforma, el respeto en los hechos a la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores que no tiene hora de salida y viven una “esclavitud velada”, y que los cambios legales por aprobar no terminen el despido de trabajadores de base y con plazas.
Corrupción en el Poder Judicial
En su intervención, el polémico del juez del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido múltiplemente señalado por el Presidente de la República y su gobierno, por emitir resoluciones contra decisiones gubernamentales, habló de las acusaciones de corrupción en el Poder Judicial.
“Yo también me rehúso a creer que en estos 30 años después de este sistema de selección sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencia, impunidad o tráfico de influencias. Estoy convencido de que tiene muchas áreas de mejora, por eso estamos aquí”, destacó.
Gómez Fierro subrayó que una reforma judicial integral, debe garantizar los derechos de los trabajadores, así como recursos suficientes para cumplir con la tarea de impartir justicia.
Consideró que las medidas de austeridad propuestas, pueden conciliarse, sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores ni la legitimidad y la independencia judicial.
Pidió no olvidar que de acuerdo a organismos internacionales, la adecuada impartición de justicia pasa por asegurar un presupuesto suficiente al Poder Judicial, y en México, la inversión en ese rubro es de 0.4 por ciento, el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sobre los privilegios y excesos económicos de los cuáles se acusa a los juzgadores, dijo que en el Poder Judicial no se cuestiona la disposición de que nadie debe tener más pago que el del Presidente de la República.
Los criterios jurisdiccionales al respecto, obedecen a que la ley no define claramente cuáles son todas las remuneraciones del Primer Mandatario, puntualizó.
En su intervención, el consejero jurídico del gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora, se manifestó a favor de la reforma y de que los jueces se elijan en urnas.
Otros invitados que presentaron posturas a favor, fueron la visitadora del Consejo de la Judicatura Federal, Carolina Denysse Villagrán.
También, el exlegislador federal, Jaime Miguel Moreno Garavilla, quien pidió no ver el planteamiento del Presidente como una “guerra fraticida” sino como el camino a un “nuevo orden" en el Judicial. “No le tengan miedo” a la construcción de las instituciones, sugirió.
En el mismo tono se manifestó José Reyes Doria, exasesor parlamentario, excolaborador de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro en anteriores Legislaturas y colaborador de medios de comunicación afines al Gobierno Federal.
El invitado coincidió con los argumentos de la mayoría respecto a los excesos, privilegios indebidos, dispendio y derroches en el Poder Judicial.
Dijo que la austeridad en ese ámbito, permitiría al gobierno destinar más recursos a otras “necesidades más legítimas”.
En tono más crítico, Sergio Arturo López Servín, secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, planteó que si para el Poder Legislativo se pide que no haya congresistas improvisados, en el Poder Judicial la demanda es la misma.
Subrayó la importancia central que tiene el respeto a la carrera judicial y pidió que la reforma no pase por encima de los derechos de los trabajadores, pero tampoco de los juzgadores que, si serán electos por voto en urnas, deben cumplir con perfiles especializados y con la necesaria preparación y capacidad profesional.
Ricardo Garduño Pasten, magistrado, director regional de la Asociación de Jueces y Juezas de Distrito, Magistradas y Magistrados del Segundo Circuito, en el Estado de México, llamó a los congresistas a que la austeridad por establecer será racional y no afecte derechos adquiridos.
Recalcó que en ese ámbito, quienes enfrentan las amenazas del crimen organizado, son los juzgadores, secretarios y actuarios.
Tajante, dijo que los integrantes del Poder Judicial también son mexicanos, son parte del “pueblo” y son trabajadores que a diario cumplen con su labor.
Advirtió que una reforma que pase por encima de los derechos de los integrantes del Judicial será cuestionada a nivel nacional e internacional.
Recibió aplausos cuando solicitó a los congresistas que no admitan en el proceso electoral para los juzgadores, a quienes presenten constancias de “escuelas patito” para acreditar conocimientos.