CÁMARA DE DIPUTADOS

Respeto a derechos de trabajadores del Poder Judicial, promete Morena

Se escucharán las propuestas de los integrantes del Sindicato de Trabajadores, ya se habló con ellos, asegura Ignacio Mier.

Ignacio Mier y Ricardo Monreal, legisladores de Morena.
Ignacio Mier y Ricardo Monreal, legisladores de Morena.Créditos: Cuartoscuro
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La Cámara de Diputados organiza el segundo foro de debate sobre la reforma al Poder Judicial, en la sede del Congreso del Estado de México, en Toluca.

La discusión se centró en el tema de los fideicomisos y fondos que se concentran en el Consejo de la Judicatura y cuya desaparición se impulsa nuevamente.

También, sobre los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

En ese marco, los líderes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, ofrecieron respeto a los derechos de los trabajadores.

Aseguraron que han hablado con la representación sindical en el Poder Judicial, para hacer modificaciones a la iniciativa presidencial y garantizar en artículos transitorios, la conservación de las condiciones de trabajo.

El coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, y su homólogo en San Lázaro, Ignacio Mier, nuevamente advirtieron que la elección de jueces, ministros y magistrados en las urnas, es un punto irreductible y no tendrá marcha atrás.

También calificaron como inamovible en la reforma, el tema de los derechos laborales de los 50 mil empleados del Judicial federal.

Refrendaron que el planteamiento incluye nuevamente la desaparición de los 17 Fideicomisos y Fondos concentrados en el Consejo de la Judicatura, de los cuáles, 14 son ilegales.

“Hay dos fideicomisos fuera de ley, pero que están alojados con participación, aportaciones de los trabajadores, perdón, en la Judicatura Federal. El propio décimo transitorio de la iniciativa considera su respeto, vamos a profundizar en su redacción, así lo hemos platicado con los trabajadores y hoy estaremos atentos a su propuestas que le dé certidumbre a ellos sobre este derecho adquirido”, prometió el diputado Mier Velazco.

Asimismo, advirtieron a jueces y magistrados que alertaron sobre los riesgos de acotar el presupuesto al Poder Judicial, que la austeridad va.

“La reforma establece también que los ministros y las ministras de la Suprema Corte que concluyen su encargo, no serán beneficiados con el haber de retiro. Las ministras, los ministros que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias ni haber de retiro como actualmente ocurre, es decir, señor presidente del Tribunal aquí en el Estado de México, viva la austeridad también para ustedes”, recalcó el senador Monreal Ávila.

Costo de la elección de juzgadores en urnas

El líder de los morenistas en el Senado agregó que de acuerdo a cálculos actuariales y financieros, hechos incluso con la colaboración de personal del Instituto Nacional Electoral (INE), el costo de la elección extraordinaria en 2025, que la reforma plantea para elegir jueces, ministros y magistrados, sería multimillonario.

Sin embargo, podría costearse con parte de los recursos acumulados en los fondos y fideicomisos del Poder Judicial cuya desaparición vuelve a plantearse en la reforma constitucional.

“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados, podría erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la Tesorería”, planteó.

Privilegios de ministros, jueces y magistrados

Al ofrecer reiteradamente que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial no se verán afectados, los legisladores morenistas dijeron que estarán a salvo los sueldos, pago de pensiones, apoyos médicos, seguros de vida, aguinaldos y prestaciones.

Afirmaron que en cuanto se apruebe la reforma y entre en vigor, se dará paso a la extinción de fideicomisos.

En un plazo de 90 días, remanentes de los miles de millones de pesos acumulados en esos instrumentos financieros tendrán que ser enviados a la Tesorería de la Federación.

Al eliminar esos fondos, se terminarán los “haberes de retiro” para los ministros de la Corte.

El senador Monreal hizo la lista de los “privilegios” de los que gozan los miembros de la Corte y serán suprimidos, incluyendo las pensiones vitalicias.

Explicó que el “haber de retiro” comprende: pago del salario al 100 por ciento durante los dos primeros años, y al 80 por ciento de manera vitalicia, aunado a que los ministros de la Corte cobran 300 mil pesos, sumando su sueldo base más una compensación garantizada y lo correspondiente a previsión social.

El “haber” también incluye el aguinaldo de más de 540 mil pesos pese a que ya no laboren, un seguro de vida por 12 millones de pesos; apoyo con gastos por defunción superiores al 1 millón 189 mil pesos y más ayuda funeraria; pago por riesgos equivalentes a 640 mil pesos en primeros años después de dejar el cargo y una prima vacacional de más de 95 mil pesos.

Tienen derecho a contar con cinco personas de apoyo incluyendo dos choferes y tres técnicos, al reembolso de los gastos por compra de medicamentos, apoyo con otras cinco personas en materia de seguridad, acceso a dos vehículos tipo Suburban blindados con costo de 3 millones de pesos cada uno.

Apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales, pago del mantenimiento de las camionetas, dinero para pago de peaje en carretera y gastos en aeropuertos, restaurantes y otros servicios.

Cuando aplique la reforma, dijo, todos esos pagos se eliminarán.

Las pensiones complementarias de magistrados y jueces, por 143 mil pesos aproximadamente, desaparecerán.

Agregó que esos juzgadores reciben pensiones del ISSSTE de 33 mil pesos al mes, y pensiones complementarias de otros 52 mil pesos mensuales.

Con la reforma, insistió, se buscará conciliar entre la austeridad y los derechos de los integrantes del Judicial, pero sin los gastos excesivos enumerados.

Aseguró que cuando la reforma esté en vigor, ningún juzgador recibirá remuneraciones mayores a las del Presidente de la República.

La norma aplicará en los estados, 180 días de la entrada en vigor de las disposiciones a nivel federal, remarcó.