La propuesta del Ejecutivo Federal de reforma el Poder Judicial, en particular la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, como parte de la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal, implica riesgos graves y peligros de retroceso que podrían llevar a México a violentar la norma internacional y el derecho a la defensa por parte de los juzgadores.
Así lo advirtieron magistradas, juzgadoras, activistas e investigadores ponentes durante el quinto foro de debate sobre la reforma, realizado en Veracruz.
En ese marco, todos los invitados no legisladores, se defendieron ante las acusaciones de los congresistas del bloque mayoritario respecto a que son corruptos, ineficientes y lejanos al “pueblo”.
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Tribunal de inquisición
En el acto organizado en la sede del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, coincidieron en que los términos en que está planteada la iniciativa, la institución de disciplina proyectada se convertiría en la “inquisición” y en un instrumento para emprender la “cacería de brujas”.
Se contemplan causales para sancionar a juzgadores en términos ambiguos, como el del “interés público”, por el sentido de las sentencias emitidas, aunado a que las determinaciones del Tribunal, serían inatacables, lo que dejaría en la indefensión legal a los integrantes del Judicial.
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El académico e investigador Manlio Fabio Casarín León; la magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, Hortencia María Molina; la secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, María Gabriela Rolón Montaño.
Los investigadores y académicos Jacobo Medina Cañaveral y Marco Barrera Vázquez, coincidieron en que la reforma al Poder Judicial es necesaria, e incluso es una oportunidad de mejorar el sistema de justicia.
No obstante, manifestaron que se requiere un planteamiento integral, no una reforma parcial y política, como la que se discute.
Los cambios son políticos, advirtieron en sus distintas intervenciones.
La académica Flor de Rocío Arrieta Méndez, pidió que la justicia no se politice y sentenció que no se ponga a “subasta” con procesos electorales, y que el Tribunal de Disciplina no se convierta en la “santa inquisición persecutoria”.
El también académico Luis Tapia insistió en que la reforma debe ser seria. No puede partir de premisas irreflexivas, dijo.
Que la reforma sea integral y seria, que no se sustente en premisas parciales y de tipo político, que tenga base en un diagnóstico real de la situación en el Poder Judicial, demandaron.
Corrupción en el Poder Judicial y el Ejecutivo
La magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Nadia Villanueva Vázquez fue directa al asegurar que los integrantes del Poder Judicial no son corruptos.
Indicó que cuando hay corrupción, nepotismo y abusos, se someten a los mecanismos de investigación existentes.
Subrayó que en los tres Poderes hay corrupción y como ejemplo de lo que corresponde al Ejecutivo, refirió a las acusaciones de corrupción hacia los hijos del Presidente de la República y cuestionó si hay alguna investigación al respecto.
“Los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos. También quiero mencionar que dentro de los tres poderes existe corrupción, actos de nepotismo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público cómo a través también del Ejecutivo, familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos, no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo”, lanzó.
Sanciones en el Poder Judicial
La magistrada Lilia Mónica López Benítez, integrante del Consejo de la Judicatura, refirió que los actos irregulares en el Judicial, sí se investigan.
La Comisión de Disciplina de la Judicatura indicó que entre 2018 y 2024, se aplicaron 264 sanciones a persona con funciones jurisdiccionales, entre ellos, 49 jueces de distrito y más de 60 magistrados de distrito, penalizados con apercibimientos hasta la destitución; aunado a que se han planteado 20 denuncias ante el Ministerio Público por hechos con apariencia de delitos.
Reiteró que la propuesta del Ejecutivo podría afectar la integralidad en las decisiones y la gobernanza del Poder Judicial.
Preocupa, enfatizó que el Tribunal propuesto revise el criterio jurisdiccional aplicado en la resolución de casos, aunado a que convertiría a ese organismo en “inquisidor y persecutor”; y vulneraría el derecho a defenderse de los juzgadores al hacer inatacables sus resoluciones.
Riesgos de la reforma judicial
Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia señaló que si bien el sistema de disciplina en el Poder Judicial tiene limitaciones y un grado de opacidad, y la creación del Tribunal planteado por el Ejecutivo podría representar ventajas, en los términos propuestos, son mayores y graves los riesgos.
Enfatizó que las causales para sancionar a jueces que se proponen son ambiguas y muy generales.
Preocupa la redacción del proyecto donde se hace referencia a que jueces pueden ser sancionados por afectaciones al “interés público” y por el sentido de sus sentencias.
Abre la puerta a que exista “cacería de brujas”, ya que se pide que las resoluciones del Tribunal sean “inatacables”, cuando la justicia internacional marca claramente que todo juzgador debe tener oportunidad a la defensa.
También identificó problemas de “politización” de la institución propuesta, en tanto sus integrantes serán electos por voto popular.
Todo lo anterior, advirtió, pondría por encima de la Constitución y las leyes internacionales, al organismo señalado.
A su vez, en tono de resignación, la magistrada presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez, expresó que la reforma al Poder Judicial es necesaria, pero los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal son inminentes.
Los poderes judiciales a nivel federal y estatal tendrán que prepararse y sumarse ante las modificaciones legales planteadas, dijo.