Causa en Común señaló que las medidas de protección para aspirantes y candidatos en el pasado proceso electoral de junio de 2024 no fueron efectivas, lo que lo convirtió en el más violento de la historia y su efecto prevalece hasta la fecha.
Desde junio de 2023, Causa en Común inició un monitoreo del asesinato de actores políticos. Hasta el día de la elección, se contabilizaron 36 aspirantes o candidatos asesinados, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección de 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018.
De entre los aspirantes o candidatos, el 31 por ciento contendía por MORENA, más el 8 por ciento por el Partido Verde y el 6 por ciento por el PT; el 42 por ciento lo hacía por la coalición opositora, 8 por el PRI, 6 por el PAN y uno por el PRD; el 8 por ciento corresponde a Movimiento Ciudadano, y el resto de los asesinatos corresponde a partidos locales. El 92 por ciento de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal, explicó.
Te podría interesar
En los días siguientes a la elección, dijo en un comunicado, fueron asesinados seis actores políticos, incluyendo tres candidatos ganadores de sus respectivas contiendas, dos de ellos para la presidencia de sus municipios.
En total, considerando a funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas, se contabilizaron 67 actores políticos asesinados en 18 entidades del país. Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero con 15, Chiapas con 11 y Michoacán con 7 víctimas.
Te podría interesar
Manifestó que es evidente que la violencia en contra de actores políticos no se limita a los periodos electorales, sino que forma parte de la realidad cotidiana de numerosas comunidades del país. Como muchas otras atrocidades, este fenómeno es consecuencia de una criminalidad desbordada y de la impunidad con la que actúa.
Ante esta evidencia, Causa en Común insiste en la urgencia de reconocer la ineficacia de la militarización en materia de seguridad pública, y de poner en marcha programas de fortalecimiento institucional de policías y fiscalías.