La Secretaría de Estado del gobierno de los Estados Unidos dio cuenta de Informe de Libertad Religiosa 2023 que se publica desde el 2007, en el que México, a juicio del reporte, tiene casos alarmantes de abusos, violencia o detención particularmente de miembros de comunidades indígenas pertenecientes a iglesias evangélicas sin dejar de lado las expresiones de odio de personajes de la política particularmente en el último proceso electoral.
El documento fue publicado el pasado 26 de junio y de acuerdo al secretario de Estado, Antony Blinken, el compromiso del gobierno estadunidense es llamar la atención y capacitar a defensores de derechos humanos en la tolerancia, señaló el Centro Católico Multimedial.
Sin embargo, no deja de llamar la atención explicó, el notorio hostigamiento del que son blanco líderes religiosos de diversas confesiones de parte de grupos del crimen organizado. Para el caso de la Iglesia católica, los asesinatos de los dos jesuitas de Cerocahui continúa como uno de los actos más reprobables.
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Puertas Abiertas y el Centro Católico Multimedial, de acuerdo con el Reporte, señalaron que “los grupos violentos del crimen organizado siguieron seleccionando a algunos sacerdotes católicos romanos y otros líderes religiosos y los sometieron a asesinatos, intentos de extorsión, amenazas de muerte, secuestros e intimidación, al parecer debido a su acceso percibido a recursos financieros o su trabajo ayudando a los migrantes”.
El caso de México llama la atención. A diferencia de otros países donde los cristianos o miembros de otras confesiones religiosas son hostigados por la profesión de su fe, aquí los actos violentos refieren a agresiones contra la actividad de los ministros de culto por procurar la paz y la defensa de los derechos, entre ellos, el manifestar las ideas religiosas.
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Si bien los asesinatos de Cerocahui, por demás dolorosos, son los que más han impactado y suscitado un movimiento por la paz, el Centro Católico Multimedial viene documentando los casos de otros sacerdotes y ministros de culto asesinados por causas relacionadas con su ministerio “estabilizador” de las comunidades a las cuales han servido, algunos de ellos aún en la impunidad y sin más resolución que la del conveniente carpetazo.