Los 31 gobernadores y gobernadoras, así como el jefe Gobierno, presentaron un amicus curiae (amigo de la Corte) en el que solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la prisión preventiva oficiosa.
En el escrito, los mandatarios estatales advirtieron que la eliminación de dicha medida cautelar provocaría un grave impacto en la seguridad pública, además de que implicaría un colapso para los tribunales federales, ya que estarían obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios de prisión oficiosa.
Mencionaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
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Es de mencionar que la Corte tiene previsto discutir un proyecto que propone no solo inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y que, en los casos donde se denuncie tortura se ordene una investigación independiente donde no participen las autoridades penitenciarias ni de detención.
En caso de aprobarse la propuesta, ésta tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.