Más de 15 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y protección de las infancias y adolescencias en el país, emitieron una petición a las candidatas y el candidato presidencial en la contiene electoral 2024, a fin de que puedan mostrar voluntad política y recursos para priorizar las necesidades de las personas menores de edad en el país.
Encabezadas por ChildFund, dieron a conocer a través de una conferencia de prensa algunos datos y cifras que consideran preocupantes, entre ellas que sólo el 13% de menores tienen acceso a educación inicial; un crecimiento en las conductas de riesgo como el suicidio en menores de edad y también en adolescentes; se ha podido atestiguar el retroceso en los derechos de las infancias y adolescencias en el país.
A través de la representante de esta organización Yil Felipe Wood, destacaron que 19.5 millones de NNA vivían en 2020 en condición de pobreza multidimensional quienes integran la primera infancia en México, es decir 54.3%, están en pobreza y carecen de servicios de salud que en este sexenio aseguran, tuvo un mayor retroceso; hay una disminución con respecto al 2016 sobre los adolescentes que salen de la educación primaria; una reducción a 84.2% con relación al 97.4% que se registraban en 2020 de quienes egresan de la secundaria y para el bachillerato sólo el 62.2% de quienes inician.
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Otra de las preocupaciones es que en 2020, los homicidios fueron la tercera causa de muerte en niños, la sexta en niñas y adolescentes, y la primera en hombres de 15 a 17 años años, 3.7 por cada 100 mil son víctimas de infanticidio.
Ante este panorama, las organizaciones propusieron 10 puntos para que sean considerados por las candidatas y el candidato, entre ellos, un sistema de cobertura universal en salud; la creación de una comisión multidisciplinaria para investigar todas las muertes violentas de menores de 18 años; un programa emergente de infraestructura escolar; la creación del Instituto para la niñez mexicana; la creación de un programa de alimentación de cero a 12 años con una canasta básica alimentaria de acuerdo a su etapa que garantice que estos menores no crezcan con desnutrición que les impida asimilar conocimientos, desarrollarse físicamente o incluso alejarse de la violencia.