La mayor parte de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante su existencia ante el Ministerio Público, actualmente la Fiscalía General de la República (FGR), equivalentes al 80 por ciento, no han sido resueltas y siguen en trámite, admitió el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano fiscalizador, Víctor Manuel Andrade.
“Al día de hoy, de manera histórica, esto es, que abarca de las cuentas públicas de mil 1998 a 2020, se tiene un total de denuncias penales presentadas de mil 184, mil 99 corresponden a la Cuenta Pública y 85 a un concepto que se denominó en su momento simulación de reintegros. Es importante señalar que alrededor del 80 por ciento de estas denuncias, se encuentran activas ante la Fiscalía General de la República”, reportó.
En reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, agregó que de marzo del 2018 a la fecha, es decir durante el presente sexenio y algunos meses antes, tampoco ha logrado prosperar más del 95 por ciento de las 266 denuncias de hechos presentadas ante la FGR y otros organismos jurisdiccionales.
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El funcionario intentó justificar el hecho al afirmar que la responsabilidad de ello, no es de la ASF ni de la FGR, sino del sistema judicial que por cargas de trabajo programa mucho tiempo después las audiencias de los casos, que también se difieren repetidamente e incluso pasan de un año a otro.
“Primero nos enfrentamos con una dificultad que es este proceso que es muy largo. No es por una cuestión ni de la Fiscalía ni de la Auditoría, muchas veces incluso la lejanía en que se cita a una audiencia depende con las cargas de trabajo del propio Poder Judicial que tiene que ir calendarizando”, descargó.
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El funcionario también habló de las sumas mínimas de más de 7 millones de pesos que se han logrado “cobrar” en multas a servidores públicos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por las observaciones hechas respecto a uso irregular de los recursos en la Cuenta Pública 2022.
La suma podría subir a casi 17 millones, ya que está en proceso la ejecución de cobros por más de 9 millones de pesos, también a través del SAT.
ASF sin dientes
Aunque destacó que de los 5011 amparos promovidos contra la ASF por parte de los entes fiscalizados, de 2011 a 2024 el 98 por ciento de los casos se han resuelto a favor de la institución, admitió, a pregunta de los legisladores, que ésta perdió “los dientes” que tenía, porque a partir de la reforma aprobada en 2015 y que modificó la Ley General de Responsabilidades, se le quitó la facultad de fincar responsabilidades resarcitorias, la cual recayó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
Es decir, de citar a los servidores públicos involucrados en uso irregular de recursos y reclamar la restitución del erario.
Agregó que cuando tuvo esa capacidad, logró fincar responsabilidades resarcitorias a más de 4 mil 800 servidores públicos, lo que involucró a más de 16 mil personas responsables.
De esos casos, dijo, más de 4 mil 200 están resueltos y 536 están en proceso de desahogo; ello, aunado a que de los responsables, tres mil 814 personas ya quedaron inscritas en el registro público respectivo.
Informó que hasta el momento, se han recibido 636 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, contra un total de mil 452 presuntos responsables.
De esos expedientes, 530 ya fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 106 de los casos están en etapas previas.
Fiscalización e impunidad
Al fijar posicionamiento sobre la información presentada por el titular de la Unidad Jurídica de la ASF, la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén expresó decepción.
Calificó como asolador y desalentador el panorama para la fiscalización y la rendición de cuentas en el país y cuestionó quién elabora los dictámenes técnicos conforme a los cuáles, la ASF presenta denuncias de hechos ante la FGR.
Identificó como responsable al auditor especial de Seguimiento de la ASF, Nemesio Ibáñez, que participó en la reunión, pero antes de finalizar la misma, se retiró.
Los resultados de la ASF de 2012 a 2022 son “escalofriantes” y “vergonzantes”, dijo la congresista.
Consideró que ello se debe a la corrupción, negligencia y “prácticas dudosas” que han prosperado en el organismo revisor, “bajo mirada apática” de quienes deberían velar por la legalidad.
Admitió que en ello, los legisladores federales tienen responsabilidad, porque no han tomado con seriedad el papel fiscalizador de la Cámara ni de revisores de la ASF.
Afirmó que de 2012 a 2022, se han presentado 678 denuncias en total, en 15 por ciento de los casos no se ha tomado acción penal, por lo que más de 100 casos de corrupción y presunto uso ilícito del erario, fueron “ignorados” o archivados, mientras que los otros más de 500 asuntos, están en el “limbo legal”.
En particular sobre la intervención del auditor Nemesio Ibáñez, la legisladora hizo notar que dio datos imprecisos, mismos que pidió sean revisados por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia.
Subrayó que el funcionario, antes de irse, afirmó que no hay asuntos pendientes por terminar con respecto a la Cuenta Pública 2016, aunque en los registros públicos de la ASF aparecen mil 560 asuntos “en investigación” y esa tarea, recae en su área.