La propuesta de reforma constitucional del Presidente de la República para integrar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue cuestionada por especialistas en derecho, que encontraron “endebles y débiles” los argumentos del promovente, para justificar esa decisión.
Durante un foro regional de análisis del paquete de reformas del Primer Mandatario, en particular la referente a la Guardia Nacional, el integrante de la Secretaría de Marina (SEMAR), Capitán de Corbeta, Roberto López, señaló que el proyecto tiene imperfecciones de forma que generan la percepción de que se busca militarizar la seguridad pública.
También incluye conceptos que no están bien planteados y modificaciones en materia de seguridad social para los elementos de la Guardia, cuya “pertinencia” se debe valorar, consideró.
Te podría interesar
El ponente indicó que desde su punto de vista, la reforma no busca que el Congreso de facultades militares a la Guardia, pero las imprecisiones que presenta el documento, da la impresión de que ese es su objetivo.
“No es porque la Constitución le esté dando una facultad a la Guardia Nacional que tenga carácter militar. Habría que considerar, son cuestiones meramente de redacción, para procurar deslindar a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas y que se deje de tener esa percepción de una militarización de un ente como la Guardia Nacional, que la función que realizará será completamente de seguridad pública”, expresó.
Te podría interesar
López Sánchez consideró necesaria la reforma a la Guardia, para consolidarla, fortalecerla y darle seguridad jurídica, no obstante, la iniciativa presenta elementos que se deben aclarar, perfeccionar y corregir, tanto de redacción y forma, como de fondo.
Se refirió a analizar con cuidado y valorar si es prudente que la Guardia Nacional contribuya en las investigaciones del Ministerio Público.
Se debe valorar la conveniencia de cambiar el sistema de seguridad social al que estarán adscritos en definitiva los elementos de la Guardia, que en su mayoría provienen de la SEDENA y de SEMAR.
Ello, teniendo en cuenta que el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas no es el mismo que aplica al resto de los trabajadores del país, ya que cuentan con distintas prestaciones y remuneraciones.
De igual modo, será necesario precisar si los integrantes de la Guardia podrán intervenir, como los militares, en operaciones de seguridad exterior, ya que al trasladarse de SEDENA y SEMAR a ese otro cuerpo de seguridad pública, su preparación táctica y operativa será distinta y se desconoce si tendrán capacidades suficientes para enfrentar asignaciones como las señaladas en primera instancia.
Se debe valorar la prudencia de que la Guardia Nacional preste apoyo a las Fuerzas Armadas, para combatir en el interior o el exterior del país.
Argumentos débiles y policías abandonadas
En su intervención, la especialista en derecho, Patricia González recalcó que el Primer Mandatario sostiene en consideraciones “endebles”, su petición de que la Guardia sea absorbida por la Secretaría de la Defensa.
La experta agregó que otra vertiente que ha agravado la problemática de seguridad en el país, es el abandono de los cuerpos policíacos a nivel estatal y municipal.
En coincidencia con el integrante de SEMAR, manifestó que los legisladores deben tener mucho cuidado con los conceptos utilizados por el Ejecutivo, y recalcó que el sistema de justicia en México y el subsistema de seguridad pública han fallado, porque en los tres órdenes de gobierno, se ignoró, olvidó y relegó a los cuerpos policiacos locales.
El proyecto no presenta elementos que realmente justifiquen el traslado de la Guardia a la Defensa, ya que sólo se refiere al deterioro y degradación de las policías locales.
Cuidado con las “letras pequeñas” de la reforma a la Guardia
Por su parte, el especialista en seguridad nacional e inteligencia estratégica, Jonathan Roberto Maza Vázquez, manifestó que es necesario consolidar la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública, pero cuidado con las “letras pequeñas” de la reforma.
El país atraviesa un grave problema de seguridad pública, requiere de medidas que obligan al Congreso de la Unión a ejercer sus funciones de legislar, pero también de ejercer control sobre las acciones de gobierno, agregó.
“La reforma a la Guardia Nacional requiere de mucha atención y discusión en los detalles, pero que en lo general estoy completamente de acuerdo de que se requiere consolidar la institución. Me parece que estos detalles que hay que discutir con mucha claridad, es precisamente si va a ser considerada una fuerza armada, como parte de la Fuerza Armada Permanente”, cuestionó.
Coincidió con el resto de los ponentes en que los planteamientos del Presidente no tienen claros los conceptos de seguridad pública, que es distinto al de seguridad nacional y al de seguridad interior.
Se tiene que legislar en materia de seguridad interior, para que una fuerza intermedia como la Guardia, atienda los desafíos en ese rubro y que incluyen la operación de la delincuencia organizada y que son más graves que los de seguridad pública, consideró.
Añadió que a la par de la consolidación de la Guardia, es necesario que se atienda el pendiente de reestructurar las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal.
Extorsión
En tanto, el especialista en derecho y exdiputado local en la actual Ciudad de México, antes Distrito Federal y exdiputado federal, Jorge Alberto Lara, se refirió a la reforma en materia de extorsión.
Calificó ese delito como uno de los problemas más urgentes por atender en materia de seguridad.
Lara Rivera recalcó que la política de seguridad del actual Gobierno Federal, de “abrazos, no balazos” potenció esa práctica, porque empoderó a las organizaciones del crimen organizado, que redoblaron su poder territorial y económico.
Recordó que las leyes vigentes no catalogan la extorsión como delincuencia organizada, sino como un delito del orden común, que las policías locales y estatales no tienen capacidad de enfrentar.
Se pronunció a favor de que se tipifique la figura como parte de las actividades de la delincuencia organizada y se faculte al Congreso a legislar en la materia, para crear una ley general contra la extorsión, similar a otras leyes generales que han sido efectivas, como las que combaten la trata de personas, la desaparición forzada y el secuestro.
Dar paso a una ley general en materia de extorsión, sería lo adecuado, abundó.