Con el inicio de las campañas a nivel federal, esta mañana el secretario de Seguridad en el Estado, Gerardo Palacios Pámanes, indicó que trabajarán de forma coordinada con el Instituto Nacional Electoral y con la Guardia Nacional para brindar la seguridad durante los próximos meses.
Lo anterior fue declarado tras una reunión de seguridad con autoridades electorales para discutir el protocolo a seguir en materia de garantizar la paz en este periodo de campañas.
"Con autoridades de electorales federales como también del estado de Nuevo León, con el objetivo de establecer una coordinación permanente con ejército, guardia nacional, fiscalías, fuerza civil, a la que agregaremos en su momento las autoridades municipales que son responsables de lo que sucede en su territorio, a través de sus policías municipales, para brindar seguridad conforme lo establece un protocolo nacional, desde ya, durante las campañas y desde luego el día de la elección", dijo el titular de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes.
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En este mismo tema, el funcionario reveló que, si algún candidato necesita realizar alguna solicitud de protección para los comicios tendrán que hacerlo a través del INE, dado que la autoridad federal es el único ente que puede determinar si se brinda protección.
"El Reglamento, la normatividad que regula el otorgamiento del Servicio de Protección a través de la Comisaría escolta del Estado de Nuevo León, no prevé este servicio para candidatos. Hay un protocolo nacional que señala que la ventanilla única, si me permiten la expresión, para hacer una solicitud de protección personal de candidatos es en el INEN. El paso número dos es que la Guardia Nacional evalúe si existe o no un riesgo y lo clasifique entre altomedieval", el titular de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes.
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Por último, Palacios Pámanes señaló que están a la espera de que el departamento jurídico del Estado les informe los lineamientos a cumplir en el periodo electoral, esto a pregunta expresa sobre si dejarían de brindar información al público en materia de seguridad, dada la reciente negativa estatal de comentar sobre los hechos violentos alegando violaciones a la ley electoral.