Un juez federal sentenció a cuatro años de prisión al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de morfina, efedrina, fentanilo, y delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), con fines de suministro.
No obstante, el impartidor de justicia le otorgó beneficios sustitutivos de la pena de prisión, consistentes en trabajo a favor de la comunidad y una multa económica.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el galeno aceptó su responsabilidad, además de que reconoció que las movilizaciones que motivó y que organizó, se basaron en engaños a sus propios colegas de diferentes agrupaciones; incluso, de madres de niños con cáncer.
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La indagatoria inició con el aviso que realizaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes localizaron una caja de cartón, la cual dio positivo a narcóticos, motivo por el cual se llevó a cabo un protocolo de entrega vigilada, a fin de conocer su destino.
Luego de la entrega, las autoridades solicitaron una orden de cateo para el inmueble ubicado en la colonia El Tezal, Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde se localizaron 27 ampolletas conteniendo en su interior fentanilo, una ampolleta de morfina, tres ampolletas de efedrina, y un frasco con delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).
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De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Aguirre Castro no cuenta con autorización para la posesión o resguardo de los narcóticos asegurados, además que le fue rechazada la autorización para la prescripción de medicamentos que requieren recetario especial.
Pese a ello, el anestesiólogo había prescrito diversas recetas a nombre de diversas personas y familiares para el suministro de fentanilo por diferentes diagnósticos; asimismo, de acuerdo a la información remitida por hospitales en los cuales el médico refirió laborar, se informó que los medicamentos como el fentanilo, al momento de requerirse por el personal médico, son proporcionados por el mismo hospital a través de una farmacia intrahospitalaria, por ende, no resultó objetivo y mucho menos lícito que dicho médico poseyera dichas sustancias en su domicilio particular.