La tortura en México persiste, y la impunidad para quienes cometen este delito, revela un informe elaborado por organizaciones civiles.
De acuerdo con el informe 2023 del Observatorio Contra la Tortura, presentado por el Centro Pro, Fundar, Documenta y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el año pasado se iniciaron 4 mil 592 carpetas de investigación por este delito en todo el país.
Ángel Ferrer, Coordinador de Prevención de la Tortura de Documenta, dijo que de cada 100 casos que investigan las fiscalías, solamente 10 son denunciados por las víctimas, debido al temor que tienen de enfrentar represalias, además de que, en el 44 por ciento de los casos, la autoridad que es acusada de tortura es al mismo tiempo la encargada de investigar.
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El problema es mayor, ya que el año pasado solamente llegaron a un juez 18 casos, mientras que en 2022 fueron 82, lo que refleja la impunidad que existe y el estancamiento en la investigación.
Además, de los 18 casos que llegaron ante una persona impartidora de justicia, solamente hubo 9 sentencias, 8 condenatorias y una absolutoria.
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“Es decir por cada 4 mil 600 investigaciones, 9 sentencias, 0.39 por ciento, estadísticamente puede llamarse un resultado atípico o un resultado extremadamente improbable, pero en términos de estado de derecho a eso se le llama impunidad”, advirtió.
Por su parte, Natalia Cordero, representante de Fundar reveló que las tres instituciones que más denuncias registraron por el delito de tortura son: Guardia Nacional con 59 expedientes, Secretaría de la Defensa Nacional con 19 expedientes y los Centros Penitenciarios Federales con 16.
“Hacemos un llamado al gobierno federal para que atienda esta situación y que se vea que, desde sus propios datos, sigue siendo el ejército y la Guardia Nacional, que es esta policía militarizada, y ahora a cargo de la propia Sedena, las corporaciones de mayor incidencia”, señaló.
Por entidades, Veracruz, Ciudad de México y el Estado de México ocupan los primeros lugares en denuncias por tortura.
Sin embargo, en Veracruz la situación es mas grave, ya que solamente tiene dos ministerios públicos dedicados a la investigación de este delito, por lo que cada MP debe atender mil 550 casos.
A nivel estatal, las autoridades que más incurren en esta práctica son las policías ministeriales, las Secretarías de Seguridad Pública y las policías municipales.
Este informe puede consultarse en este sitio electrónico.