La reforma en materia de áreas y empresas estratégicas, propuesta por el ahora expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que cambiará el estatus de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de empresa “productiva del Estado” a “empresa pública”, llegará a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 8 de octubre.
El proyecto indica que corresponderá en exclusivo a la Nación, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en términos del artículo 28 constitucional.
En ningún caso, los particulares tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado que se encargará de garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
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Agrega que en materia de uso y aprovechamiento de recursos por particulares o por sociedades constituidas conforme a la ley, será a través de concesiones otorgadas por el Ejecutivo que se lleven a cabo la explotación de los recursos en el sector eléctrico, excepto en radiodifusión y telecomunicaciones.
Esas concesiones serán entregadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Respecto a explotación de minerales radiactivos y litio, no se entregarán concesiones.
A la Nación le corresponderá exclusivamente la planeación y el control del sistema eléctrico nacional “en los términos del artículo 28 de esta Constitución”, dice la reforma.
Particulares en la industria eléctrica
Agrega que las leyes determinarán la forma de participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica “que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”.
Dicha empresa, CFE, tendrá como “esencia” cumplir su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad.
Aunado a que “el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de la que dispone la Nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
Establece que no serán monopolios, las funciones del Estado en exclusiva, en las áreas estratégicas de correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radiactivos y se añade al litio, así como el internet que provea el Estado.
El Sistema Eléctrico Nacional, abunda, tendrá como objetivos “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible”.
Ello, evitando el lucro y con el fin de garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca.
Régimen transitorio
En artículos transitorios, la reforma refiere que el Congreso tendrá 180 días para reformar las leyes secundarias que se quieran, a fin de cumplir las nuevas disposiciones.
Deroga todos los artículos transitorios del decreto de reforma energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de diciembre de 2013, y que se opinan a lo que señala la nueva reforma.
Con ello, técnicamente se revierten los cambios impulsados en la administración del entonces Presidente Enrique Peña.