JUSTICIA

Juzgados y tribunales implicados en casos polémicos serán renovados con el voto popular

Es el caso del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal, cuya titular es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien conoció de algunos de los amparos que interpuso Emilio Lozoya

De los 850 juzgados y tribunales que salieron sorteados para ser renovados por el voto popular en el 2025, varios son encabezados por jueces y magistrados que conocieron de asuntos importantes.
De los 850 juzgados y tribunales que salieron sorteados para ser renovados por el voto popular en el 2025, varios son encabezados por jueces y magistrados que conocieron de asuntos importantes.Créditos: Foto: Ilustrativa
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De los 850 juzgados y tribunales que salieron sorteados para ser renovados por el voto popular en el 2025, varios son encabezados por jueces y magistrados que conocieron de asuntos relacionados con políticos, exservidores públicos y de la propia reforma judicial.

Es el caso del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal, cuya titular es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien conoció de algunos de los amparos que interpuso Emilio Lozoya. La juzgadora también fue una de las primeras en denunciar las presuntas presiones que ejerció el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para resolver asuntos a favor del gobierno federal.

Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Penal, otorgó un amparo en favor de Pío López Obrador por el tema del video-escándalo.

Asimismo, concedió una suspensión provisional a Laisha Michelle Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera González, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contra cualquier orden de aprehensión, mientras que a Andrés Roemer, exdiplomático mexicano acusado de violación sexual y abuso sexual agravado, le otorgó una suspensión definitiva.

Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, fue exhibido en la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ordenó suspender el procedimiento penal contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.

Arturo Medel Casquera, juez de control en el Reclusorio Oriente, conoció, entre otros casos, el de los implicados en el atentado contra Omar García Harfuch, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También resolvió que Juan Collado no podía ser acusado por delitos financieros, además de que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación contra Hugo López-Gatell por el mal manejo de la pandemia de Covid-19.  

Este juzgador también fue exhibido en la conferencia de López Obrador por presuntamente beneficiar indebidamente a delincuentes relacionados con los delitos de robo de combustibles y contra la salud.

Enrique Beltrán Santes, actual juez de control en el penal del Altiplano, fue quien dictó el auto de formal prisión en contra de cuatro militares implicados en el caso Ayotzinapa, así como del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

José Artemio Zúñiga Mendoza, actual juez de control en Morelia, fue quien le impuso la prisión preventiva a Emilio Lozoya. Es señalado de recibir órdenes de Arturo Zaldívar para resolver a modo los casos de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda; de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública; así como el de Ignacio Ovalle en Segalmex.

Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán, fue quien concedió suspensiones contra la construcción del Tren Maya.

El próximo año también se renovará el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, cuyo titular era Juan Fernando Alvarado López, quien fue suspendido luego de ordenar la cancelación de la orden de aprehensión que se libró en contra del exgobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En el sorteo también fueron seleccionados los Juzgados Quinto de Distrito en Mérida y Segundo de Distrito de Colima, cuyos titulares Grisell Rodríguez y Francisco Javier García Contreras, respectivamente, concedieron las primeras suspensiones contra el proceso legislativo de la reforma judicial, su publicación y el proceso electoral judicial.