Organizaciones civiles exigieron al estado mexicano cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en enero de 2023, que ordenó adecuar el marco normativo vigente para eliminar y modificar, el arraigo y la prisión preventiva.
En el marco del conversatorio “Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, integrantes de las organizaciones Red Solidaria Década contra la Impunidad, el Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, denunciaron las resistencias que existen entre diversas autoridades para atender esta sentencia.
Advirtieron que la fabricación de culpables donde a las personas se le siembran pruebas para acusarlas de delitos que no cometieron, inicia con las detenciones arbitrarias de las fuerzas policiacas y la tortura, además del uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, lo que deriva en personas privadas de su libertad con más de 10 años sin una sentencia.
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El obispo emérito Raúl Vera, afirmó que las autoridades federales y locales, así como los legisladores, deben dejar de pensar en las campañas y resolver este problema.
“Que vean lo que han dejado atrás, que no se acabó la corrupción, que dejan una serie de criminales que siguen actuando; por qué están viendo para adelante, se sienten muy dignos de seguir gobernando, ya que no se hagan ilusiones, eso nos corresponderá a nosotros verlo; que arreglen lo que dejaron tirado”, advirtió.
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Los activistas denunciaron que en nuestro país las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se están cumpliendo, ni se han adoptado estrategias para la reinserción social, ni se han transparentado los recursos que se destinan a este rubro.