El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, urgió a la Federación para que los poderes judiciales locales cuenten con recursos (federales) de al menos 56 mil millones de pesos, de cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
Explicó que actualmente no están previstas partidas presupuestales para ello y alertó que, de no garantizarse éstas, se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartición de justicia a nivel nacional.
En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados de todas las fracciones parlamentarias expresaron su respaldo a las necesidades presupuestarias de los tribunales, y el presidente de la comisión, Erasmo González Robledo, ofreció un diálogo continuo con la Conatrib para garantizar la correcta implementación del CNPCF.
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El tesorero de la Conatrib, Sergio Fontes Granados, entregó al diputado González Robledo una carpeta preliminar que contiene los requerimientos de cada uno de los poderes judiciales locales para la implementación del CNPCF.
Se estima un monto global de 56 mil millones de pesos para las 32 entidades en los próximos cuatro años.
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Veinticinco titulares de poderes judiciales estatales presentes respaldaron al magistrado Guerra en el encuentro, en el cual se puntualizó que, comparado con la implementación del sistema penal acusatorio, para la relativa al CNPCF las judicaturas locales tienen la mitad del tiempo, cuatro años, con un requerimiento presupuestal que será del doble o el triple del que necesitaron para la implementación. del sistema penal acusatorio.
Durante el encuentro en la Cámara de Diputados, el magistrado Guerra advirtió a los legisladores que el artículo transitorio sexto del CNPCF no prevé partidas presupuestales federales para la implementación del citado ordenamiento, y, en cambio, autoriza que sean los congresos locales los que se encarguen de la asignación de los recursos pertinentes.
“Esta disposición es violatoria del derecho humano de acceso a la justicia y la tutela efectiva, además de atentar contra la autonomía e independencia jurisdiccional, financiera y orgánica de los poderes judiciales, lesionando la división de poderes en nuestro sistema democrático, en virtud de que impide generar condiciones de igualdad y calidad en todos los tribunales del país para alcanzar con ello un mejor Estado constitucional de derecho”, subrayó.
El magistrado subrayó que con el nuevo código se desarrollará un sistema de impartición de justicia sustentado en audiencias, tanto para la primera como la segunda instancia, lo que precisa del aprovechamiento de tecnologías de la información con la que se garantice mayor acceso y calidad en el trámite de procedimientos jurisdiccionales.
En el actual esquema previsto para la implementación, insistió Guerra Álvarez, tampoco se garantiza que los poderes judiciales locales cuenten con los recursos financieros, humanos, de infraestructura y de capacitación, necesarios y suficientes, ya que, aún con la naturaleza nacional del sistema de impartición de justicia civil y familiar, deja que sea local la decisión de cuántos recursos se destinarán para tal efecto.
Durante la intervención de presidentes y presidentas de poderes judiciales locales, se enfatizó que para la implementación del sistema procesal penal acusatorio se les autorizaron partidas presupuestales especiales del 2011 al 2016.
Se puntualizó que las materias civil y familiar ocupan el grueso del trabajo de las jurisdicciones local, como en el caso de Baja California, donde se radican anualmente en promedio 60,000 expedientes, frente a sólo 22,000 de la rama penal; o en Campeche, donde la materia familiar ocupa el 55 por ciento del trabajo, frente al 12 por ciento de la penal.
También se mencionó la carga de trabajo de las judicaturas locales frente a la del Poder Judicial de la Federación, en proporción de 70 y 30 por ciento respectivamente, con un presupuesto anual para las primeras que no llega ni a la mitad de lo que se le asigna anualmente al segundo.
Esta implementación quedará en un “sueño o en una ilusión”, se advirtió, si no se etiquetan los recursos federales necesarios en los ejercicios fiscales de aquí a la fecha de entrada en vigor del citado código, cuya vacatio legis es de cuatro años.
Durante la intervención de los legisladores, se señaló que “recursos sí hay y lo que hace falta es voluntad” para canalizarlos; además, los diputados abrieron la posibilidad de gestionar encuentros con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. / @amarilloalarcon