El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló una serie de detalles sobre el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, que derivó de una demanda interpuesta por el gobierno mexicano.
Durante su conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Corte de Apelaciones de Florida rechazara un amparo a la defensa del exfuncionario calderonista en el que se argumentaba que el caso no podía ser juzgado en territorio estadounidense.
Bajo ese tenor, Gómez Álvarez indicó que el Gobierno de México continuará con la demanda civil: “Ya no tiene recurso. Es definitivo e inatacable el juicio para la evolución. Se va a llevar a juicio sin duda alguna”.
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De acuerdo con el titular de la UIF, una parte de la red de corrupción y lavado de dinero que García Luna supuestamente creó y con la que habría desviado alrededor de 650 millones de dólares del erario, se llevó a cabo durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando era el responsable de la seguridad del país.
Con base en sus declaraciones que se dieron en la "mañanera" de este viernes, en la gestión del panista se llevaron a cabo operaciones financieras en donde se habrían desviado 225 millones de dólares, sin embargo, estos presuntos actos de corrupción también se habrían llevado acabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto con un total de 420 millones 753 mil dólares y más de 315 millones de pesos.
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Asimismo, reveló los nombres de las personas demandadas por el Gobierno de México: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra (esposa del exsecretario); los socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa).
Además, informó que las empresas que se tienen ubicadas a las empresas Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, así como 40 empresas consideradas fantasma por la UIF, como parte de la red de corrupción y lavado de dinero de García Luna.