JUSTICIA

Gobierno mexicano gana apelación en caso civil contra Genaro García Luna

Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de la Florida falló a favor del gobierno de México quien acusó al exfuncionrio de 'haber robado' 600 mdd al erario.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.Créditos: Cuartoscuro
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La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de la Florida falló a favor del gobierno de México, luego de que socios del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habían pedido se desestimara el caso alegando, entre otras cosas, hallarse fuera de jurisdicción.

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusó al exfuncionario federal, socios y empresas de "haber robado" cerca de 600 millones de dólares del erario mexicano a través de contratos fraudulentos dados a sus empresas de seguridad.

Desde que comenzó éste litigio, García Luna y socios han intentado desestimar la acusación bajo el argumento de que dichos delitos, en todo caso, debían juzgarse en México.

Empero, fue primero un juez federal y ahora uno de apelaciones -a donde se trasladó el proceso a petición de los acusados-, el que ha dicho que el caso se puede juzgar en Florida, lo que abre la puerta a que se celebre un juicio, incluso si es que García Luna y socios se niegan a negociar con la hacienda mexicana.

Fue Mauricio Samuel Weinberg uno de los socios del exsecretario de Seguridad Pública quien a título personal ingresó a finales de 2022 el reclamo a la Corte de Apelaciones del sexto circuito de la Florida, un esfuerzo que paralizó el caso, el cual, sin embargo, hoy puede reprogramar sus audiencias.

El pasado febrero, un jurado halló culpable a Genaro García Luna por cuatro cargos de narcotráfico y uno más por mentir a la autoridad.

Durante el juicio de cuatro semanas celebrado en una Corte en Brooklyn, Nueva York, no se permitió a los fiscales mencionar la presunta riqueza del exfuncionario federal con la que presuntamente habría llegado a vivir a la Florida a partir de noviembre de 2012.

Alega el gobierno de México que parte de esa bonanza es producto de actos de corrupción, hecho que ahora deberá probar en un tribunal civil.