La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, porque no se protegió a 21 adolescentes en contexto de migración que estaban abandonados en una bodega en Chihuahua.
Explicó que el 17 de septiembre de 2021, la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Chihuahua recibió una llamada que alertaba sobre personas en contexto de migración que se encontraban en condiciones de hacinamiento dentro de una bodega.
Al llegar al lugar, solicitaron su rescate 340 personas, de las cuales, 21 eran adolescentes.
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La fiscalía estatal, con ayuda de una asociación civil trasladó a las personas en contexto de migración a tres albergues y dio aviso al Ministerio Público Federal de los hechos, quedando a disposición de la Fiscalía General de la Republica 264 migrantes, incluidas 20 personas menores de edad.
Sin embargo, el 8 de octubre de 2021, la coordinadora jurídica de la asociación civil notificó a las autoridades de Chihuahua que un adolescente ya no se encontraba en el albergue.
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En otro momento, los otros 20 menores de edad también salieron del refugio temporal.
La CNDH señaló que la representación social federal no canalizó a las personas adolescentes al DIF a pesar de haberse iniciado una carpeta de investigación por tráfico de personas.
Asimismo, se decretó el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos a procesar y no existe evidencia de que, a la fecha, se haya iniciado algún procedimiento administrativo de investigación relacionado con los hechos.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al titular de la FGR dar vista al agente del Ministerio Público Federal para que inicie una carpeta de investigación a efecto de localizar a las 21 personas adolescentes.
Asimismo, pidió inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y concederles la reparación integral del daño causado y, en caso de no localizarlos, se dejen a salvo sus derechos para que los hagan valer con posterioridad.
En tanto, la FGR deberá emplear los mecanismos de apremio para sancionar a las personas servidoras públicas responsables de las omisiones evidenciadas en la presente recomendación.