Los nombramientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no deben estar sujetos a criterios políticos, sino apegarse a la norma nacional e internacional, pidió Movimiento Ciudadano (MC) ante la Comisión Permanente del Congreso.
La senadora Laura Ballesteros presentó reformas constitucionales para establecer que no podrán ser nombrados ministros quienes no tengan antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, de al menos 15 años.
Blindaje a los nombramientos en la Corte
La congresista planteó reformas a los artículos 76, 95 y 96 de la Carta Magna, para establecer que en el nombramiento o bien, renuncias licencias de ministros, se tomarán en cuenta las “consideraciones de los foros ciudadanos de expertas y expertos en el tema judicial que deberán organizarse para el análisis y designación”.
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Agrega a los requisitos para formar parte de la Corte, no haber sido secretario de Estado, Fiscal General.
Tampoco titular de un organismo administrativo descentralizado o desconcentrado, jefe o jefa del Servicio de Administración Tributario, comisionado o consejero de algún organismo autónomo.
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No podrán aspirar a ser ministros el gobernador o gobernadora del Banco de México, el titular o la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, titular de empresa de participación estatal mayoritaria, ni de empresa productiva del estado.
La limitante también caerá sobre candidatos o candidatas a otros puestos de elección popular, dirigentes de partidos, legisladores federales, magistrados electorales, gobernadores o gobernadoras, durante los cinco años previos al día del nombramiento.
Experiencia jurídica de al menos 15 años
Los ministros, no sólo deberán haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, así como ser probos y competentes, sino tendrán que contar con experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica durante al menos 15 años.
La reforma planteada agrega que el nombramiento deberá realizarse en el Senado, a propuesta del Presidente de la República.
La designación se hará por el voto de dos terceras partes de los senadores presentes, dentro de un improrrogable plazo de 30 días y el proceso “se realizará hasta que sea designado por el Senado”.
Si la segunda terna que presente el Presidente es rechazada, tendrá que enviar un nuevo planteamiento, hasta que el ministro o ministra se elija por mayoría calificada.
Aunado a ello, los integrantes de la segunda terna enviada por el Primer Mandatario no podrán ser los mismos ni las mismas que la primera terna previamente rechazada.
Independencia y autonomía en la Corte
Al presentar el proyecto en la Tribuna de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado, la senadora Ballesteros indicó que no debe permitirse que el Presidente de la República vuelva a designar de manera directa a un integrante de la Corte.
Recordó que en el caso de Batres Guadarrama, no se hicieron esperar los señalamientos por su cercanía con el Presidente y su clara militancia partidista.
Afirmó que ello pone en riesgo la autonomía e independencia de la Corte y en entredicho, la aplicación de la justicia.
Advirtió que lo sucedido con el más reciente nombramiento no es un hecho aislado, pues ya habían sido nombradas integrantes de la Corte con afinidad y cercanía con el Primer Mandatario.
Hizo mención de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, a quienes identificó por emitir decisiones de “apoyo al régimen”.
No se debe permitir, insistió la parlamentaria, que al máximo tribunal del país lleguen personas sin capacidad y cuya característica principal sea la lealtad al Jefe del Ejecutivo.
En México y su régimen democrático, un poder no puede ser sumiso al otro, sentenció.
“Consideramos que es esencial que los integrantes de la Corte den prevalencia en todo momento a los principios dispuestos en nuestra Constitución y a los derechos de todas las personas y no sólo a preferencias personales, ideológicas y mucho menos políticas”, anotó.
“Buscamos garantizar el cumplimiento de los conocimientos y requisitos mínimos exigidos a nivel internacional para ocupar el cargo”, recalcó, al destacar la propuesta de que personas sin experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica por al menos 15 años, no deben ser elegibles para integrarse a la Corte.