La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aceptó atender la petición de llamar a reunión de trabajo, para tratar la crisis de inseguridad que vive el país, con la titular de la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.
La solicitud la formuló el coordinador del PRI, Rubén Moreira.
Al hacer el anuncio, Moreira Valdez sentenció que la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos recae en los ejecutivos, a nivel federal, estatal y municipal, no a los congresistas, que cumplen la labor de aprobar reformas para dar herramientas legales a la autoridad.
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“Yo pedí a la secretaria de Seguridad, para no convalidar de que ella no es la responsable, ¡ella es la responsable, históricamente, políticamente, en el futuro, la responsable de lo que sucede en este país es la secretaria!, por eso yo pedí que fuera ella, para que no empecemos también nosotros a aceptar que ella no es la responsable. Ella tiene que venir a platicar, a dialogar, a que nos diga qué está pasando”, recalcó.
Encuentro respetuoso
El presidente de la Junta, Jorge Romero precisó que el encuentro se llevará a cabo el próximo martes 19 de diciembre y con ánimo de respeto.
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Sin embargo, se plantearán ante la secretaria Rodríguez Velázquez la seriedad de hechos como los registrados recientemente en Texcaltiltán, en el Estado de México, en Tamaulipas, Michoacán, Celaya y distintos puntos del territorio nacional.
“Cuántas tragedias más hacen falta para que se den cuenta que tenemos una crisis de inseguridad. Estamos invitando como Junta de Coordinación Política, con el mayor de los respetos, con el mejor de los ánimos para dialogar y para construir, a la titular de la Secretaría de Seguridad pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que nos acompañe y para que platiquemos y la escuchemos y ella nos escuche”, remarcó el diputado Romero Herrera.
Cuestionado respecto a las peticiones al Legislativo, hechas por la funcionaria federal durante su más reciente comparecencia ante comisiones de San Lázaro, para convertir en delito grave la extorsión, el también coordinador de la bancada del PAN, señaló que se trata de modificaciones muy serias.
Argumentó que para el PAN, incrementar el catálogo de las conductas y delitos a los que aplica prisión preventiva oficiosa es antidemocrático, porque esa figura cautelar ha sido utilizada para encarcelar a personas sin que antes se compruebe su responsabilidad en la comisión de los delitos ya previstos en el artículo 19 de la Constitución.
Aseguró que hay ilícitos en los que el infractor no merece ni siquiera ser escuchado, pero en el caso de la extorsión, se tiene que llevar a cabo un análisis detallado y cuidadoso, porque se trata de cambios constitucionales.