Al menos 11 legislaciones locales tendrán que armonizarse con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) para su implementación en Ciudad de México, y poner en marcha una veintena de plataformas y sistemas electrónicos, se señaló en la primera mesa de trabajo del capítulo local de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (Cocifam) con el Congreso capitalino.
En ese marco, el presidente del Poder Judicial capitalino, Rafel Guerra Álvarez, planteó que esa instancia es el lugar técnico ideal para que los legisladores conozcan los estándares, características y requerimientos que las plataformas y sistemas electrónicos ordenados en el CNPCyF deben tener para garantizar acceso en condiciones de igualdad a todos los justiciables.
En la sede del Congreso, y con la presencia del presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, diputado Octavio Rivero Villaseñor, el secretario técnico de la Cocifam, magistrado Eliseo Hernández Villaverde, hizo una exposición en la que señaló que el CNPCyF se sustenta en un sistema de justicia oral, en un sistema de justicia digital y en un sistema de responsabilidades en derechos humanos.
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Explicó que leyes como la Orgánica del Poder Judicial, de Defensoría Pública, del Registro Público de la Propiedad, de Protección Civil, de Justicia Cívica, de Notariado, Condominal, de Archivos, entre otras, tendrán que ser armonizadas con lo estipulado en el CNPCyF al seno del Congreso.
Se refirió a las plataformas y sistemas electrónicos a implementar, como la de uso de la firma electrónica; la de recepción de promociones, demandas, actuaciones y escritos; la oficina virtual de Oficialía de Partes Común; la de integración del expediente digital; la de notificaciones electrónicas; la de comunicaciones y exhortos, entre otras.
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Recordó que la Ciudad de México y el resto de las entidades del país deberán implementar el CNPCyF a más tardar el 1 de abril de 2027, y subrayó que para esa fecha todos los sistemas electrónicos deberán estar diseñados, construidos, probados y funcionando, para que no haya contratiempos en la entrada en vigor.
Guerra Álvarez añadió que el órgano judicial pretende que, a la fecha de entrada en vigor de la implementación, se cuente con las mejores instalaciones judiciales, sistemas y plataformas electrónicas suficientes y funcionales, un marco jurídico útil y moderno, los mejores perfiles de jueces y los estándares más elevados con las mejores prácticas para garantizar la paz y la estabilidad social.
@amarilloalarcon