LGV

Padece CEAV abandono institucional y presupuestal, señala Causa en Común

El informe "La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: una década de simulación" expone cómo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha sido relegada y despojada de recursos.

Ilustrativa. La falta de presupuesto, personal y herramientas operativas ha limitado su efectividad y su capacidad de influir en las estrategias de seguridad y justicia en el país.
Ilustrativa. La falta de presupuesto, personal y herramientas operativas ha limitado su efectividad y su capacidad de influir en las estrategias de seguridad y justicia en el país. Créditos: Pixabay
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A través del informe “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: una década de simulación”, Causa en Común da cuenta del abandono institucional y presupuestal al que se ha visto sujeta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, relegándola como una institución aislada e incapaz de cubrir las expectativas de atención y de reparación integral del cada vez más amplio y complejo universo de víctimas en el país. 

Contrario a su propósito, apuntó, la CEAV ha sido reducida a operar como una instancia carente de herramientas operativas suficientes para incidir en la definición de estrategias en favor de las víctimas y ausente en prácticamente todos los espacios para la definición de las estrategias de seguridad pública y procuración de justicia.

En ese sentido, resulta claro que los déficits presupuestales y de personal que padece, impiden a la CEAV operar como una institución funcional, advirtió Causa en Común.

Esta organización resaltó la importancia de dotar a la CEAV de capacidades presupuestales, humanas y técnicas suficientes para que pueda asumir sus labores de coordinación sobre el SNAV y así vigilar el desarrollo y la implementación de una verdadera política nacional para la atención y reparación integral a víctimas.

A su vez, es importante animar la discusión pública para que las víctimas y su agenda de derechos vuelvan a estar al centro de las estrategias de seguridad y procuración de justicia en el país.

Recordó que desde la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV) en 2013, el Estado mexicano está obligado a desarrollar una política nacional en beneficio de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, que además les ofrezca garantías de reparación, no repetición y acceso a la verdad y a la justicia. Sin embargo, estas prerrogativas se han visto obstaculizadas en la última década por la nula coordinación entre las instituciones que deberían de mantener al SNAV en funcionamiento.