De acuerdo con el informe “Hallazgos 2022, seguimiento y evaluación de la justicia en México”, el año pasado el promedio nacional de impunidad fue de 96.3 por ciento, 4.5 puntos porcentuales más que en 2021, cuando se ubicó en 91.8 por ciento.
El documento elaborado por México Evalúa, reveló que las entidades que reportaron mayores niveles de impunidad son, Colima, Jalisco y Ciudad de México, mientras que las que presentaron menores niveles son Michoacán, Baja California, Chiapas y Sonora.
Asimismo, el estudio presenta un cálculo de la impunidad específica para 12 delitos a nivel nacional, donde violencia familiar, desaparición, extorsión y abuso sexual reportaron los mayores índices.
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Además, se detectó que la atención a víctimas es una de las áreas que ha observado una mayor demanda, aunque la respuesta no ha sido satisfactoria.
Chrístel Rosales, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, explicó que sólo el 14 por ciento de las personas atendidas por las Comisiones de Atención a Víctimas accedió a la reparación del daño.
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“Es preciso analizar todo el sistema nacional de atención a víctimas, es un sistema nacional que no ha logrado, quizá es uno de los sistemas que menos desarrollo tienen, y que más demanda empiezan a observar, en este caso, de la variación porcentual de personas atendidas, ustedes verán que la demanda va en incremento”, resaltó.
Asimismo, revela que de las 2 millones 65 mil 630 carpetas de investigación abiertas en 2022 que involucraron al menos a una persona víctima u ofendida, únicamente 156 mil 590 fueron representadas por las comisiones durante el proceso penal.
Hallazgos, que cumplió en este 2023, diez años de publicación continua, destaca que uno de los derechos más vulnerados en el proceso penal es la presunción de inocencia.
Prueba de ello, es que el 57 por ciento de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva durante 2022 a nivel nacional, la mayoría, 53 por ciento, bajo la modalidad oficiosa, y sólo en 4 de cada 10 casos se hizo una evaluación de riesgo para determinar si era necesario encarcelar a la persona.
El estudio analiza la duración de los procesos penales y encontró que, en promedio, un juicio oral dura 486 días a nivel nacional, lo cual vulnera el derecho constitucional a que una persona sea juzgada en un plazo menor a un año, establecido en el artículo 20 constitucional.
Respecto al Ranking de Capacidad Institucional, el cual analiza las condiciones de política pública, así como de personal, infraestructura y organización de las instituciones, Querétaro obtuvo el mayor puntaje a nivel nacional, con mil 205 puntos, seguido de Coahuila, con mil 22 puntos, de los mil 400 del estándar 2022.