La CNDH emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por las violaciones graves a los derechos humanos y la tortura contra Brenda Quevedo, acusada de participar en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda.
Destacó que, tras realizar una exhaustiva investigación, se acreditaron violaciones graves a sus derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que el 26 de abril de 2023, recibió una nueva queja en la que se manifestó que la víctima y otras personas han sido objeto de actos de tortura por parte de personas servidoras públicas como parte del proceso penal iniciado en su contra por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace ocurrido en el 2005 en la Ciudad de México.
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Además, en el escrito, se denuncia que el auto de formal prisión que mantiene en prisión a Quevedo Cruz es ilegal, aunado a que el proceso jurisdiccional continúa en etapa de instrucción a más de 15 años de ocurridos los hechos.
La Comisión Nacional explicó que cuenta con evidencias que le permitió acreditar violaciones graves a los derechos humanos y actos de tortura, atribuibles a funcionarios de las extintas Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como de las actuales Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Recordó que Brenda Quevedo fue asegurada en Estados Unidos luego de que se girara una orden de extradición en su contra.
Además de que, al ser trasladada a México, fue entregada a las autoridades de la PGR sin dar conocimiento del hecho a su defensa y familiares.
El documento recomendatorio enfatiza que desde su detención y durante el tiempo que estuvo en custodia de la PGR, estuvo presente una persona civil quien presenció en diversos momentos los actos de tortura en su contra.
Brenda Quevedo sostiene que fue torturada en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Almoloya de Juárez “Santiaguito”, ubicado en el Estado de México.
Además de que durante su estancia en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, fue sometida a aislamiento, con castigos exagerados impuestos sin motivo legal alguno.
Por otro lado, en el desaparecido complejo penitenciario “Islas Marías”, fue acusada de tener en su poder unas “pastillas controladas” por lo que fue llevada a un área especial donde varios hombres encapuchados la envolvieron en una cobija, la golpearon y amenazaron con causarle daño a su familia.
Asimismo, Quevedo Cruz también denunció que en el CEFERESO 16, donde actualmente está privada de la libertad, ha sufrido falta de medicamentos y tratamiento médico, además de que ha sido sometida a agresiones físicas y psicológicas.
El organismo reconoció que carece de facultades legales para modificar o revocar resoluciones de disposiciones jurídicas realizadas por autoridades judiciales.
Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de analizar las discrepancias observadas en la investigación.
La CNDH subrayó la cobertura que tuvo en medios de comunicación una persona civil durante todo el caso, quien hizo señalamientos atentando contra el principio de presunción de inocencia de Brenda Quevedo y otras personas involucradas.
Por ello, solicitó a las autoridades señaladas en la recomendación otorgar medidas de rehabilitación en favor de la víctima y realizar los trámites necesarios para que pueda solicitar la reparación integral del daño.
Además, deberán colaborar ampliamente en el seguimiento de las indagatorias en trámite, a fin de que se investigue y determine la responsabilidad penal que corresponda en contra de funcionarios públicos señalados como responsables, así como toda persona involucrada, incluso de carácter civil, que logren ser identificadas en el curso de las indagatorias.
En tanto la FGR deberá realizar una investigación exhaustiva respecto a los actos de tortura.
Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana deberá garantizar la integridad física y psicológica de Brenda Quevedo