El ministro Luis María Aguilar Morales defendió los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), al argumentar son recursos que tienen el propósito de garantizar un retiro adecuado de jueces y magistrados.
Al asistir en representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, al congreso internacional “Los retos de la judicatura”; el juzgador dijo que es mentira que dichos fideicomisos se hayan constituido como un privilegio para los integrantes del máximo tribunal del país.
“Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros, ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para las o los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces magistrados y empleados del Poder Judicial, insisto, para qué, para que tengan la tranquilidad y puedan tener la Independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México”.
Aguilar Morales sostuvo que hay voces que buscan desestabilizar el trabajo que realizan jueces, magistrados y ministros.
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“No creo que haya un tema más importante en estos momentos que los retos que tiene la judicatura. Precisamente ese es uno de los grandes temas que estamos viviendo, todos los días en nuestras resoluciones fincamos nuestra solidez y confianza; sin embargo, no faltan las voces que por intereses muy de ellos, procuran desestabilizar y minimizar el trabajo de jueces magistrados y ministros”.
En entrevista al término de su exposición, el expresidente de la SCJN comentó que es posible que la decisión de los diputados sobre los fideicomisos sea impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad.
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En este contexto, el alto tribunal insistió que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del PJF y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras.